La nueva ley sobre el uso y el formación de las lenguas oficiales en la enseñanza corre serio aventura de no aprobarse a tiempo. Ciudadanos, Vox y PP anunciaron ayer que solicitarán un informe al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la norma, una maniobra con la que retrasarán la aprobación de la propuesta de ley que debía debatirse y votarse este viernes, antiguamente de que expire el plazo, el 31 de mayo, donado por la imparcialidad para ejecutar la aplicación del 25% de castellano en las aulas.
Con la petición del informe, para el que son suficientes dos grupos de la Cámara catalana, quedarán paralizados los trámites parlamentarios hasta que el CGE emita un referencia que aclare si el texto de la nueva ley se adecua a la Constitución y al Estatut de Catalunya. Para ello dispone de siete días hábiles.
El eco del pacto entre ERC, Junts, PSC y comunes resuena en Madrid con un choque entre Gobierno y PP
El movimiento podría sufrir al traste los planes de PSC, ERC, Junts y los comunes, que votaron a primera hora de ayer a cortesía de tramitar la ley por leída única, es asegurar, por vía de emergencia, al objeto de aprobarla definitivamente mañana.
El CGE podría emitir un informe en tiempo récord con el que aún se estaría a tiempo de aprobar la ley adentro del plazo, pero aún Vox y Cs deben presentar la petición y la Mesa del Parlament debe reunirse para aprobarla, siempre y cuando no advierta defecto de forma en la solicitud.
El líder del PSC, Salvador Illa, y el presidente del Govern, Pere Aragonès 
Los partidos de la derecha en el Parlament justificaron su valentía por considerar que la nueva ley es un “atropello nacionalista” y un “asalto a la derecho”, mientras que los grupos impulsores defendieron un acuerdo que aglutina al 80% de la Cámara catalana y que “rehace” un consenso “resquebrajado” en los últimos primaveras.
Al tiempo, la disputa política se instauró ayer en Madrid. El eco del amplio pacto rubricado resonó en el Congreso de los Diputados, generando un nuevo motivo de disputa entre el Gobierno y el Partido Popular.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, da una rueda de prensa este miércoles en el Senado, tras acomodarse su escaño en la Cámara Ingreso 
Fue el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien suplió su abandono en las sesiones de control al Gobierno por no ostentar la condición de diputado con unas declaraciones en las que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “autorizar” al PSC a “incumplir” el 25% de castellano “para seguir en Moncloa”, en narración a la sentencia del TSJC.
Sus palabras respondían a la secuencia vivida horas antiguamente en el Congreso, donde la parlamentaria popular Sandra Moneo acusó al Ejecutante, en interpelación directa a la ministra de Educación Pilar Alegría, de ponerse “del banda de los separatistas” al tener permitido que los socialistas catalanes avalaran el acuerdo.
Feijóo cargó contra la tratado al considerar que “un 25% de clases en castellano es lo imperceptible a lo que un colegial catalán tiene derecho; lo imperceptible”, insistió, antiguamente de poner como ejemplo la fórmula de Galicia, donde el 50% de las asignaturas son en castellano y el otro 50%, en gallego. “Eso es nivelación y bilingüismo cordial”, apuntó.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría 
Por su parte, la ministra Alegría consideró “positivo” el acuerdo aprehendido y lo situó como ejemplo de que “la política es útil”, pero no dio por segura su utilidad para revertir el resolución legal: “Es el TSJC el que tiene que pronunciarse”, dijo, insistiendo en que las sentencias se cumplan, “más cuando son firmes”.
En cambio, el ministro de Civilización y Deporte y presidente del PSC, Miquel Iceta, se mostró más convincente: “Ahí dice claramente que tanto el castellano como el catalán van a ser lenguas curriculares, de formación. ¿Algún ve un problema?”, cuestionó.
Pero lo cierto es que los de Salvador Illa no lo han tenido comprensible para sumarse al acuerdo. Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que en las últimas horas les invadió cierta inquietud al pensar que estaban “perdiendo el relato” o “cediendo demasiado”, de ahí la posición de fuerza a cortesía del cumplimiento de la sentencia del TSJC exhibida en las horas previas al nacimiento del pacto, y que hicieran algún tanteo final que revirtiera esa sensación.
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