“No estamos en presencia de un huracán, sino en presencia de una emergencia económica doméstico”. Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Foment del Treball, dibujó ayer un círculo casi apocalíptico para la hacienda y pidió al Gobierno soluciones reales, a la prestigio del momento contemporáneo y alejadas de las medias tintas o la autocomplacencia. El número de la inflación de junio –del 10,2% en tasa interanual con la inflación y con la subyacente en el 5,5%–, la inminente subida de tipos y el menoscabo del clima de confianza empresarial y de los consumidores reclaman una representación persuasivo.
“La hacienda española necesita un liderazgo que debería corresponder al presidente del Gobierno para conseguir un pacto de solidaridad y responsabilidad entre sindicatos y empresarios para repartir entre toda la sociedad el coste de la crisis”, dijo el patrón en el Fórum Europa celebrado en Barcelona. El pacto, añadió, debería contar asimismo con la colaboración de funcionarios y pensionistas. Pero no será mínimo realizable. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), representante mayoritario entre los trabajadores públicos, reclamó el miércoles al Gobierno “que habilite un crédito para compensar la subida del IPC en los salarios públicos”, inmediato con la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos 12 primaveras. Los pensionistas, por su parte, verán revalorizadas este año sus pensiones de acuerdo con la media de inflación de noviembre a noviembre, según consta en los presupuestos del Estado. El pacto de rentas obligaría, por lo tanto, a cesiones importantes en estos dos colectivos sobre sus aspiraciones o lo que ya tienen pactado.
Sánchez Llibre insistió en su plática en que “es preciso contar con este pacto profundo y amplio porque, si no se lleva a término, las consecuencias para los empresarios y los trabajadores podrían ser alarmantes y críticas”. El presidente de Foment considera que es fundamental conjugar el objetivo de preservación de las empresas y los puestos de trabajo con la convivencia y la cohesión sociales. Por lo angurriento del empeño y sus implicaciones políticas –en el 2023 hay elecciones locales, autonómicas y generales–, será inalcanzable sin el presidente del Gobierno, que debe “liderar esta situación”.
Josep Sánchez Llibre reclama “un liderazgo del presidente del Gobierno para repartir los costes de la crisis”
Aunque ayer no ofreció los datos concretos, el presidente de la patronal aseguró que la mayoría del tejido empresarial está trabajando con pérdidas porque no han trasladado sus incrementos de costes a los precios que paga el consumidor. “Las empresas, las pymes, podemos trabajar unos meses a pérdidas y ya consideramos el 2022 como un año perdido en las cuentas de explotación, pero apelamos a la responsabilidad del Gobierno”.
En su repaso de la situación, Sánchez Llibre lamentó que “las grandes olvidadas en todas las medidas adoptadas por el Gobierno [más allá de los ERTE y de los préstamos avalados por el ICO, seguramente] han sido las empresas”. “Esto no ha pasado en otros países de la Unión Europea, como Francia, Alemania, Portugal e Italia”, añadió.
Ahora, la inflación ya está provocando un freno al consumo y la inversión porque todos los agentes económicos sufren el incremento de los precios y de la financiación. Aunque la primera subida de los tipos de interés oficiales se producirá el próximo 21 de julio, los préstamos y la deuda ya se están encareciendo desde hace semanas.
El presidente de la patronal catalana dice que la subida de los impuestos no es una posibilidad adecuada
Las cuentas públicas, en cuanto inicio a resentirse la cobranza tributaria, asimismo sufrirán. Algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno –como las relativas a las eléctricas y otras que están anunciadas o en estudio– pasan por elevar la carga fiscal a las empresas. En este sentido, Sánchez Llibre defendió que “la subida de impuestos no es la posibilidad”, como está enseñando Europa. “En España hay planteamientos equivocados para subir impuestos, y lo que necesitamos es una fiscalidad competitiva”. La alternativa, concluyó, es combatir contra la hacienda sumergida, que afecta al 25% de la actividad y que si se víctima al 15% comportaría elevar la cobranza en unos 35.000 millones en cuatro primaveras.
Por zaguero, pidió que se revierta la situación de “maltrato” por parte del Gobierno en la inversión y ejecución de las infraestructuras en Catalunya, insistió en la privación de ampliar el aeropuerto de El Prat y apostó por el diálogo y por seguir trabajando para suscitar la envés de las empresas que trasladaron sus sedes fuera por el proceso independentista.
Publicar un comentario