La causa abierta en Andorra contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y varios altos cargos, como los exministros Jorge Fernández-Díaz y Cristóbal Montoro por supuestas coacciones a altos cargos de la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener datos confidenciales de líderes catalanes independentistas “ha sido la consecuencia de una mezcla de mala praxis policial y descontrol de varios mandos policiales, diligente para victimizar a los propietarios de un faja intervenido por blanquear monises de corruptos y criminales”. Este es el compendio que hace un investigador de la citación Operación Catalunya y la mafia policial sobre las querellas admitidas a trámite por la neutralidad andorrana.
Export Celestino Barroso
La jueza andorrana Stéphanie García acaba de dar el paso de comunicar oficialmente una querella que ha admitido a trámite a Rajoy, Montoro, Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el exdirector militar de la Policía Ignacio Cosidó; el exdirector adjunto activo Eugenio Pino; y el inspector Bonifacio Díez Sevillano. Los partidos independentistas pidieron ayer que el Congreso investigue estas presuntas maniobras.
La árbitro Stéphanie García comunica la querella al ex presidente castellano y a la cúpula de Interior de los primaveras 2014 y 2015
Según explica la instructora en su resolución, los hechos denunciados estarían relacionados con “presuntas extorsiones, coacciones y chantaje realizados desde el año 2014 por agentes de la policía española, a responsables de la entidad bancaria andorrana, BPA”. La razón sería “conocer mediante vías ilegales, una información bancaria secreta, protegida por la reglamento andorrana y relacionada con distintos gobernantes de Catalunya y sus familiares entre los cuales se encontrarían Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras”.
En la “mala praxis y descontrol” estaría la cita que propone al CEO del faja, Joan Pau Miquel, el adjunto de interior de la embajada de España en Andorra Celestino Barroso. El discusión es en Madrid, sin memorizar que Miquel le graba. Barroso se identifica con su cargo, dice sobrellevar un mensaje “de Madrid”. En compendio, que BPA debe colaborar aportando “papeles” -alguien les comunicará cuales- si quieren detener una inspección del Porción de España y un “tajo” a sus dos entidades, BPA y Porción Madrid. Barroso le aconseja que no aporten “una bolinga”.
Desde el año 2015 ha existido un cruce de querellas rodeando de BPA y prácticamente todas siguen sin resolverse. El Gobierno andorrano anunció en marzo de aquel año que intervenía la Banca Privada de Andorra (BPA) tras ser acusada de emblanquecimiento de capitales por el Fincen del Hacienda de los EE.UU., una utensilio creada tras el 11-S para combatir la financiación del crimen. EE.UU. señaló directamente a la entidad bancaria de participar de forma activa en el emblanquecimiento de monises procedente de organizaciones criminales de Rusia, China, Venezuela y México. La influencia de la Fincen –alertada por España a través de la embajada saco en Madrid, según la querella- acabó con el obturación de BPA y de Porción Madrid. Ahora, los ex gestores de estas entidades reclaman 141 millones de euros por el obturación.
Según la inculpación saco, el faja, propiedad de la comunidad Cierco, habría participado a altísimo nivel en proveer transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov, hoy condenado por un caso de corrupción. Se le vinculó asimismo con la ordenamiento criminal de origen chino liderada por Gao Ping, irresoluto de un cordura en el que se le piden 47 primaveras de calabozo. O por tener cuentas relacionadas con la corrupción venezolana, caso que se investiga en la Audiencia Franquista. Un mensaje de la defensa alega que los vínculos con esas tramas criminales se ha diluido para intentar argumentar que la intervención estuvo basada en datos falsos.
Rastros
La neutralidad investigó los vínculos entre BPA y organizaciones criminales chinas, rusas, venezolanas y mexicanas
Ahora se da una carrera comparativa entre investigaciones y juicios en paralelo en uno y otro paises.
A pesar de sus intentos, la BPA está ahora en el banquillo. Seis primaveras posteriormente de los hechos arrancó un cordura por emblanquecimiento de capitales, cuyo principal dibujado es el ex CEO del faja, Joan Pau Miquel, que ahora está suspendido por permiso de paternidad de un abogado y que se prevé reanudar el 5 de julio. Posteriormente de un año, en el cordura han notorio casi nada tres de los acusados. Se ha suspendido varias veces.
Cercano a la intervención de la BPA asimismo cayó su filial española, Porción Madrid. En su caso, la investigación por emblanquecimiento en los juzgados madrileños no tuvo tanto trayecto y quedó archivada.
Secuelas
La investigación por emblanquecimiento de Porción Madrid en los juzgados de la hacienda no tuvo tanto trayecto y quedó archivada
La intervención de la BPA por parte del Gobierno andorrano abrió la caja de los truenos. Se descubrió que en 2014, un peña de policías, que se hacían clamar la “policía patriótica”, presionaron a altos cargos del faja para obtener información sobre la comunidad Pujol, Mas y Junqueras. Querían memorizar si alguno de ellos o sus familiares tenían cuentas en Andorra no declaradas al fisco. Esto habría permitido desplegar investigaciones por corrupción y atacar así la deriva independentista.
Sobre Mas y Junqueras no consta que se diera cero porque no existían tales cuentas. No ocurrió lo mismo con los Pujol. Los responsables del faja habrían entregado a tales agentes, a mediados de 2014, datos sobre cuentas de la comunidad del expresidente catalán.
Joan Pau Miquel, CEO de Banca Privada d'Andorra y de Porción Madrid 
Según se desprende de diversa documentación, aquella información acabó publicada en el diario El Mundo el 7 de julio de 2014, lo que provocó que Jordi Pujol saliera públicamente el 25 de julio a declarar la existencia de tales cuentas en Andorra, nutridas –según su versión- por la herencia de su padre, Florenci Pujol. Supuestamente los Pujol tenían cuentas en Andorra desde 1992. En Crédit Andorrà, Banca Reig (luego Andbank) y finalmente en BPA, a la cual trasladaron sus fondos la longevo parte de la comunidad en 2011, para diluir los rastros.
Aquella revelación llevó a que la Audiencia Franquista reactivara una investigación que ya tenía abierta respecto del hijo longevo, Jordi Pujol Ferrusola, a raiz de la denuncia en enero de 2013 de su examante, quien había sido ‘acompañada’ para interponer su denuncia por personas de confianza del excomisario José Manuel Villarejo.
Procesos en paralelo
El 5 de julio proseguirá el cordura contra BPA en Andorra, que empezó hace más de un año y en el que casi nada han notorio tres acusados
El árbitro de la Audiencia Pablo Ruz inició una investigación legislativo, con información obtenida a través de comisiones rogatorias y testificales, que ha llevado a toda la comunidad a estar acusados por varios delitos y por lo que serán enjuiciados.
Fuentes de la investigación recuerdan que en 2017, con las causas judiciales abiertas a los Cierco por el supuesto emblanquecimiento, el abogado de los banqueros –vinculado a Villarejo y a su familia- ofreció información de Pujol –principalmente de su mujer, Marta Ferrusola- al fiscal jerarca de Anticorrupción de aquel entonces, Manuel Moix, a cambio -según estas fuentes- de un acuerdo para dar carpetazo las causas judiciales.
Contrataque
Los Pujol denunciaron a los dueños de la BPA, los hermano Cierco, por revelación del secreto bancario y falsedad documental
A raiz de estos acontecimientos, los Pujol denunciaron a los dueños de la BPA, los hermano Cierco, por revelación del secreto bancario y falsedad documental, por dar datos confidenciales y manipulados a la autoridad legislativo.
Y a su vez, los Cierco se han demandado contra varios mandos policiales porque sostienen que si se entregó datos de los Pujol fue porque fueron sometidos a una molestia, que suponía que si no ayudaban con datos de políticos independentistas catalanes “el faja moriría”. Su conclusión es que la intervención por orden de Estados Unidos se produjo porque el Gobierno castellano entregó información falsa a los americanos. Los Cierco han denunciado en varias ocasiones ser víctimas de las maniobras tanto de las autoridades andorranas como españolas.
Denuncias cruzadas
Los Cierco se han demandado contra varios mandos policiales porque les amenazaron con que, si no aportaban datos de políticos independentistas, “el faja moriría”
Fuentes conocedoras de aquella información niegan tajantemente esa falsedad. Se vinculó a la BPA con operaciones sospechosas que han sido o están siendo investigadas, según explican estas fuentes. Los Cierco pretenden demostrar frente a la neutralidad andorrana que la intervención del faja fue producto de un complot orquestado por la policía española bajo la tutela y órdenes del Gobierno. La Vanguardia trató sin éxito de obtener una traducción del ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz.
Para esta querella que ahora salpica al expresidente Rajoy, los Cierco cuentan como uno de los testigos principales con el excomisario José Manuel Villarejo. Éste fue uno de los miembros principales de las conocidas como ‘cloacas del Estado’, está investigado como líder de una ordenamiento criminal, ha estado tres primaveras en prisión preventiva, actualmente está siendo dibujado en un cordura por el que se enfrenta a una pena de más de 100 primaveras de calabozo y tiene por delante otra veintena de asuntos, entre otras cosas por utilizar a la policía para enriquecerse. Adicionalmente, su credibilidad ha sido puesta en recelo en múltiples ocasiones.
Ramificaciones
Los dueños del faja cuentan como uno de los testigos principales con el excomisario José Manuel Villarejo
Fuentes conocedoras de las pesquisas andorranas sostienen que es probable que la Fiscalía del Principado no apoye esta investigación abierta por la jueza frente a la desatiendo de indicios sobre la entrega de información falsa a Estados Unidos para intervenir la BPA. Adicionalmente, advierten que ceder a un trabajador de un faja como confidente no es ilícito al menos que se le haya coaccionado, extremo que habría que probar.
Sin requisa, estas fuentes consideran que la guisa de trabajar de ese peña policial en la citación como Operación Catalunya muestra que para ellos el fin justificaba los medios. Realizaron una “mierda” que ahora puede dar superioridad a personas que están judicialmente investigadas, con causas en curso y sobre quienes pesan indicios reales de criminalidad.
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