Los partidos independentistas en el Congreso de los diputados han registrado este viernes una propuesta de creación de comisión de investigación sobre la presunta intromisión en la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en el entorno de la denominada 'Operación Catalunya'.
ERC, Junts, PDECat, CUP, EH Bildu y BNG han registrado esta petición en relación a la investigación abierta por la equidad andorrana, conocida esta semana, a raíz de una querella por supuestas presiones a directivos de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el procés, entre ellos la clan Pujol o Artur Mas.
La sentenciador Stéphanie Garcia Garcia llamará a fallar en calidad de investigados al expresidente del gobierno Mariano Rajoy, al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, al exsecretario de Estado para la seguridad Francisco Martínez y al exdirector normal de la Polícia Ignacio Cosidó. La sentenciador les imputaría presuntos delitos de coacciones, amenazas, perturbación, chantaje, falsedad documental, coacción a órganos constitucionales andorranos y creación de documento inveraz por un funcionario.
Los solicitantes de la comisión entienden que son muchos los indicios y pruebas de la existencia de la “operación Catalunya” que tenía como objeto perseguir a la disidencia política y zanjar con el procés y el independentismo catalán a través de medios ilegales y usando posibles públicos de forma ilegítima y recuerdan que algunos de los presuntos responsables y ejecutores de la misma lo han ostensible en diversas ocasiones.
En este sentido, recuerdan algunas de las conclusiones de la Comisión de investigación que se llevó a término en el año 2017 y señalan que el escrito ratificado por el Congreso entonces indicaba un modus operandi recurrente por la misma cúpula política y policial de la que ahora era objeto de pesquisas tanto por los grupos políticos como el brazo legislativo.
Y asimismo recuerdan las conclusiones de la comisión por la trama Kitchen, por la que la cúpula directiva del Partido Popular ordenó que se utilizara a los efectivos, medios y posibles del Profesión del Interior para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al partido sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los primaveras en que gobernaban.
os solicitantes ven acreditado que responsables del PP y miembros del gobierno usaron de guisa recurrente medios públicos al ganancia de la licitud para intereses espurios y añaden que en el caso analizado, presuntamente este uso habría superado incluso las fronteras del Estado, poniendo en tela de prudencia la credibilidad y cualesquiera que sean los principios de colaboración presentes y futuro de las instituciones españolas para con los estamentos internacionales.
Por ello, concluyen que un sujeto de derecho internacional como el Estado Castellano, miembro de la Unión Europea y que oficialmente es una democracia plena no puede permitirse, en forma alguna, sospechas de irregularidades como las expuestas y que, presuntamente, habrían superado incluso el entorno territorial estatal a fin y a finalidad de amedrentar y coaccionar autoridades de un país soberano desconocedor.
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