Nuevo embrollo sumarial en torno al locación de habitaciones por días en la propia vivienda. Particulares exigen al Concejo de Barcelona que les permita realizar esta maña este verano, que no les ponga multas.
La asociación Veïns i Amfitrions realiza esta petición al gobierno de la alcaldesa Ada Colau luego de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anule la parte del decreto de Turismo de la Generalitat que regula esta controvertida actividad y traslada a los ayuntamientos la competencia en cuestión. El Consistorio, sin bloqueo, no parece muy dispuesto a dar su padrino a torcer. Siquiera la Generalitat.
La Generalitat anuncia que recurrirá la resolución y destaca que replica a un defecto de forma
El abogado Dylan Tarín, presidente de esta entidad de personas que acostumbraban a acoger turistas en su propio domicilio de tanto en tanto, entiende que el veto el municipal a esta actividad venía amparado por la parte del decreto de la Generalitat ahora anulado, y que, por consiguiente, el Consistorio no puede multar a estas personas, al menos hasta que la nueva legislatura sea aprobada.
“En verdad nos encontramos de nuevo en una situación de alegalidad –abunda Tarín–. Mucha clan no está alquilando habitaciones porque tiene miedo de que el Concejo le multe. Esperamos que la Generalitat y el Concejo se pongan en contacto con nosotros para que nos aclaren qué va a tener lugar este verano. Si recurren nosotros solicitaremos la ejecución provisional de la sentencia, y la clan podrá arrendar habitaciones este verano”.
El Concejo de Barcelona replica que la sentencia no es firme, y queda a la prórroga de que la Generalitat la recurra. “Sólo queremos destacar que todo nuestro ámbito continúa vivo”.
Fuentes del unidad de Empresa i Treball anuncian que la Generalitat recurrirá la sentencia del TSJC, y recuerdan que el decreto se refiere a un defecto de forma, y no de fondo. “El compromiso del unidad es firme: establecer un régimen forense para todas las actividades económicas de locación turístico desarrolladas en viviendas. La ofrecimiento alegal facilita el realquiler de pisos sin conocimiento del propietario, la competencia desleal, un descenso de la calidad del destino, la facilitación del fraude, la quebrantamiento de las normas urbanísticas, el pérdida de la seguridad y, adicionalmente, imposibilita avalar los derechos de las personas consumidoras”.
En su sentencia, el suspensión tribunal catalán estima parcialmente el apelación presentado por Veïns i Amfitrions, a fin de que la Generalitat cumpla los "trámites formales de información pública omitidos" durante la tramitación del decreto.
Según reconoce el TSJC, la última redacción del decreto, ratificado en el 2020, contenía "modificaciones sustanciales" respecto al tesina auténtico que había sido sometido a información pública abriles antiguamente. "No se puede sostener que las variaciones fueran adjetivas o meramente superfluas".
Veïns i Amfitrions califica el decreto de "histórico", y denuncia que la Generalitat nunca "ha tenido la voluntad verdadero de estudiar el aberración" del locación de habitaciones a turistas y "hacer una regulación coherente a las características de los hogares compartidos".
Por otra parte, la entidad considera que el veto del Concejo a los hogares compartidos protege en verdad "el maniquí de las viviendas turísticas, que son las que se encuentran en manos de grandes tenedores" y crean los "verdaderos problemas de convivencia".
Publicar un comentario