“Las inspecciones técnicas de vehículos evitan 723 muertes al año”. Así de convincente es una de las principales conclusiones del estudio Contribución de la ITV a la Seguridad Viario y al Medio Dominio que ha presentado recientemente el Instituto de Seguridad del Transporte Automóvil Duque de Santomauro (ISVA) de la Universidad Carlos III de Madrid.
El mensaje, encargado por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Agencia en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), calcula que, si todos los vehículos hubieran pasado la revisión cuando tocaba en 2021, se habría evitado que 148 personas fallecieran en accidentes de tráfico, así como 575 muertes prematuras por la exposición a partículas.
No producirse la ITV cuando toca se convirtió en poco habitual el año pasado. Los datos señalan que no se realizaron más de 4,7 millones de inspecciones en turismos, es proponer, un 26% de las programadas. El absentismo fue más elevado entre los vehículos de transporte de mercancías ligeros (VTML), en los que se alcanzó el 54%. En cuanto a ciclomotores y motocicletas, el porcentaje escaló hasta el 65%.
Junto a indicar que estas cifras están distorsionados por la situación admirable que provocó la pandemia de la covid en los centros de inspección. En 2019 el absentismo registrado entre todos los grupos de vehículos fue del 27%, según los datos del Ocupación de Industria, Comercio y Turismo, mientras que la previsión para 2021 es de un 40%, a desatiendo de la publicación de las informacions oficiales.
Circular con la ITV caducada comporta una multa que puede alcanzar los 500 euros
Ahora, tras sufrir algunos cambios a principios de este mes de julio, la ITV ha vuelto a la total normalidad. Saltarse este trámite puede tener consecuencias graves. Por un banda, económicas, pues circular con la ITV caducada -aunque sea por un día- se castiga con 200 euros de multa, que puede alcanzar a los 500 si el agente de tráfico considera que las deficiencias suponen un aventura elevado para la seguridad viario. Y, por otro banda, físicas. Y es que este trámite garantiza que los vehículos están en perfectas condiciones para circular con seguridad por la vía pública.
Con las recreo de muchos españoles a la reverso de la ángulo, algunos conductores se van a dar cuenta de que la ITV de su coche está a punto de caducar, y que esa data coincide imparcialmente con su periodo vacacional. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Hay distintas maneras de solucionarlo.
Acaecer la ITV con 30 días de prelación
La primera, y más sencilla, se puede resumir con la expresión popular “más vale advertir que curar”. La legislatura coetáneo permite realizar la ITV durante los 30 días previos a su vencimiento, sin que ello afecte a su vigencia. Es proponer, si el propietario conoce que la inspección caduca el 30 de julio, pero en esa data va a estar allí de casa, puede pasarla desde el 1 de julio y seguirá estando en vigor hasta el 30 de julio del año que le corresponda.
Así, tan solo se tendrá que pedir cita previa para unos días antiguamente de irse con el coche. En ese caso, conviene no apurar, ya que si en el primer intento se obtiene un resultado “desfavorable” o “película” hay que tener tiempo suficiente para solucionar los desajustes y presentarse de nuevo para aventajar el examen.
Acaecer la ITV en otra comunidad autónoma
Si las recreo son en España existe otra alternativa. Cuando no da tiempo a retornar del alucinación antiguamente que caduque la ITV del transporte, se puede producirse la revisión en cualquier otra provincia o comunidad autónoma, con independencia de la que esté matriculado el automóvil. Una vez más, la anticipación es secreto, puesto que si se deja para el postrer momento es probable que el centro escogido no disponga de horas libres.
Incluso se pueden eludir unos cuantos euros con este método planificándolo aceptablemente, ya que el precio que se paga al producirse la ITV varía en función de la comunidad autónoma. Según un estudio de la estructura FACUA-Consumidores en Acto, realizado en 2021, las diferencias en el coste pueden ser de hasta un 167%.
Las tarifas dependen de si la diligencia de los operadores es pública, privada o mixta. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia no están reguladas por los organismos públicos, así que cada centro decide qué precio establecer.
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