No será agua de mayo, sino de julio, pero Pedro Sánchez y Pere Aragonès buscan impulsar, con un cara a cara el 15 de este mes en la Moncloa, un diálogo que les permita enderezar sus legislaturas. Los dos están interesados en que se deshielen las relaciones ayer de que sus mandatos apuren la copa de la amargura.
El presidente del Gobierno necesita recuperar la alianza con ERC y de la investidura para renovar unos presupuestos del Estado que amortigüen la inflación desbocada y una recesión que vaticinan diferentes entornos económicos. Que las cuentas queden en agua de borrajas podría estimular aún más las diferencias en las encuestas entre PSOE y PP, con Alberto Núñez Feijóo liderándolas.
En el otro banda, Aragonès y Esquerra pivotan toda su logística política sobre una negociación y un diálogo con el Estado que por ahora no reluce. Un resultado tangible de la mesa de diálogo con el que pueda sacar pecho sin reparos ayudaría a la formación de Oriol Junqueras a afrontar con mayores garantías las elecciones municipales de mayo del 2023. De momento, el Govern arrancó el compromiso para ir haciendo boca de que la mesa se convocará dos veces ayer de finalizar el 2022, sin descartar que la primera de ellas pueda ser este julio.
El Govern arranca de la Moncloa un compromiso implícito de garantías para que no se repita el espionaje
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y su homóloga en la Generalitat, Laura Vilagrà, sellaron la término de la reunión de presidentes ayer en el Palau de la Generalitat para calibrado posteriormente del debate sobre el estado de la nación. Incluso pusieron un pie para avanzar en “la desjudicialización” (idea central de las negociaciones venideras) y la recuperación de las confianzas. Lo pactaron ayer en un documento que tiene que servir para “proteger la negociación”. Pero tendrán que ser Sánchez y Aragonès los que preparen el molde para que se pase de las palabras a los hechos. Esto es, presupuestos del Estado del 2023 y avances contra “la represión”, con el trasfondo de numerosos casos en los juzgados de instrucción 13 y 18 de Barcelona y en el TSJC por el 1-O, que pueden implicar penas de prisión para cargos independentistas.
En la Moncloa consideran que con el acuerdo la Generalitat asume las soluciones interiormente de la ley y que se supera, encima, la polarización de posiciones. Eso es así porque se trabajará para conseguir puntos de discusión, afirman, que sean representativos de una mayoría social, amplia y transversal, de modo que la mayoría de la sociedad catalana, y no solo un parte, debe hallarse representada.
La cita entre presidentes llegará tres meses posteriormente de que se destapara el espionaje con Pegasus al entorno independentista.
Ambas partes pactan dos citas ayer de que termine el año de la mesa ideada para resolver el conflicto
Sea como fuere, el documento firmado por la Conselleria de Presidència y el servicio que lidera Bolaños corroborar el agradecimiento de un “conflicto” político que debe resolverse políticamente. Las garantías de no repetición del espionaje para restablecer el diálogo que tanto ha demandado el Govern están por escrito implícitamente en el punto ocho: “La interpretación de las instituciones garantizará en todo momento los derechos fundamentales, la privacidad (...) en Catalunya, rechazando actos, decisiones o mecanismos ilegítimos”.
Pero, Bolaños y Vilagrà no coincidieron en el dictamen de la reunión y en si esta implicó una normalización de las relaciones. Mientras el ministro aseguró que con el documento se “certifica la estabilidad y la solidez de las relaciones políticas institucionales entre entreambos gobiernos”, Vilagrà consideró lo contrario: “Mientras aún tengamos sobre la mesa la posibilidad de que haya inhabilitaciones, que nos espíen, que haya personas que puedan ir a la prisión, es obvio que las relaciones no están normalizadas”.
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