El Tribunal Superior de Probidad de Catalunya (TSJC) ha elevado al Tribunal Constitucional la nueva ley catalana sobre el uso de las lenguas en las escuelas, porque excluye el castellano como vehicular, tras reprochar al Govern y al Parlament su propósito de "cercar" la aplicación de la sentencia del 25 %.
De acuerdo con el criterio de la Fiscalía, la Leyes del Estado y la propia Generalitat, el detención tribunal ha resuelto programar una cuestión de inconstitucionalidad por el decreto ley del pasado mes de mayo y la ley de usos lingüísticos aprobada seguidamente por el Parlament, que evitan fijar porcentajes para la enseñanza del castellano en las escuelas.
El TSJC considera que el nuevo maniquí lingüístico de Catalunya, impulsado por el Govern tras la sentencia del TSJC que impone un 25% de castellano en las aulas, vulnera el Estatut de Autonomía y varios artículos de la Constitución, entre ellos el derecho fundamental a la educación.
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