La Control Civil de Alicante ha detenido a tres personas e investigado a otras tres, empleados de un clase inmobiliario, por estafar a clientes a los que vendían supuestas viviendas de boato que nunca llegaron a poseer.
A finales del pasado año, la Control Civil de El Campello inició la citación 'operación Serpis' para esclarecer el supuesto delito cometida por una empresa asentada en la zona, que operaba a través de Internet, vendiendo viviendas de boato en Busot y alrededores.
Los detenidos publicitaban viviendas de boato a través de Internet, generalmente en redes sociales, y se dirigían sobre todo a clientes de su misma cuna, francesa
Presente en Alicante desde el año 2018, el clase cometía sobre todo dos tipos de estafa: por un costado, ofertar la saldo de una misma vivienda, ya construida, a múltiples compradores; por otro, formalizar un acuerdo de construcción de una vivienda con un cliente. En cualquiera de las dos modalidades, los estafados pagaban, pero nunca llegaban a poseer la vivienda.
Para cometer las estafas, se valían de las notas simples emitidas por el Registro de la Propiedad, falsificando los documentos originales. Una vez falsificada la documentación, la utilizaban para realizar los contratos de operación y saldo.
Publicitaban viviendas de boato a través de Internet, generalmente en redes sociales, y se dirigían principalmente a ciudadanos de acento francesa. La ostentosa oficina del clase inmobiliario, situada en la playa Muchavista de El Campello, la tecnología de última gestación y los vehículos de reincorporación variedad que utilizaban los directivos de la empresa servían de encanto para embaucar a sus potenciales clientes, clan adinerada que no sospechaba que pudiera tratarse de un fraude.
Cuando un cliente mordía el arponcillo, realizaban los contratos en los que se les cobraba por avanzado aceptablemente la reserva de la vivienda, aceptablemente el caudal necesario para el inicio de la construcción, según el caso. Sin confiscación, el caudal era desviado inmediatamente a las cuentas personales de los miembros del clase, que luego trataban de darle salida a cuentas extranjeras.
Cuando un cliente mordía el arponcillo, realizaban los contratos en los que se les cobraba por avanzado aceptablemente la reserva de la vivienda, aceptablemente el caudal necesario para el inicio de una construcción
Los investigadores han localizado a 60 perjudicados entre los que hay clientes que han realizado trasferencias para viviendas que no se han construido, viviendas que se han vendido más de una vez, proveedores de materiales o servicios destinados a la construcción y entidades bancarias. Ha sido comprobada la estafa de 5.400.000 euros. Gracias a esta operación, de los 5.400.000 euros estafados, 1.000.000 ya ha sido devuelto a sus legítimos propietarios. Encima, se ha rematado el separación de 12 cuentas bancarias empleadas por la facción.
Encima, los investigadores han localizado a 18 empleados de la construcción, que en teoría trabajaban para la promotora. Sin confiscación, la Control Civil ha averiguado que no cuentan con contratos de trabajo legales, ni cobran según lo pactado.
Había 18 empleados de la construcción que en teoría trabajaban para la promotora. Pero no tenían contratos de trabajo legales ni cobraban según lo pactado
Los presuntos autores les encargaban obras, pero no les aportaban los materiales necesarios. Para que no se marcharan de la empresa, de vez en cuando les abonaban una sueldo, o los hacían beneficiaros de alguna subvención. Entre otras muchas irregularidades, los forzaban a verter los residuos de la construcción fuera de los sitios habilitados para ello.
El clase inmobiliario estaba constituido por seis personas: los captadores de clientes, la promotora y la constructora. Los directivos de la promotora y de la constructora, padre e hijo, eran los principales miembros de este clase criminal dedicado a esta estafa de tipo piramidal, en el que los roles estaban claramente definidos.
Han sido detenidas tres personas, dos hombres y una mujer de entre 24 y 55, e investigadas otras tres, además dos hombres y una mujer de entre 30 y 50. Todos los autores son de cuna francesa. Los detenidos han sido puestos en autodeterminación por la Control Civil. Tanto los detenidos como los investigados han quedado a disposición del Magistratura de Instrucción número 4 de Alicante.
Se ha realizado el registro de la sede social de la empresa en la oficina de El Campello, y además el domicilio del director de la promotora, líder de la facción, que reside en un chalet en Alicante renta. Tras el estudio de toda la documentación recopilada, se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude fiscal, blanqueadura de capitales, contra los trabajadores, contra el medio medio ambiente y de pertenencia a clase criminal.
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