El expresidente peruano Pedro Castillo ha afirmado este martes que está "injusta y arbitrariamente detenido" y ha pedido a las fuerzas de seguridad de su país que "depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de ecuanimidad".
Lo ha solicitado durante una audiencia en la que el Tribunal Supremo revisa la apelación contra el arresto preliminar que se dictó en su contra el miércoles pasado.
Al menos siete muertos en la ola de disturbios en el país
Las manifestaciones de protesta que estallaron este domingo contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso peruano alcanzaron su mayor nivel de violencia este lunes con siete muertos, un centenar de policías heridos y el ataque a dos canales de televisión en Listón.
La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, confirmó que han aumentado a siete las personas que han perdido la vida en poco más de 24 horas en los enfrentamientos entre la policía y manifestantes que piden la renuncia de Boluarte y el candado del Congreso, que destituyó al expresidente Pedro Castillo posteriormente de anunciar un autogolpe de Estado.
"Han sido dos jornadas muy lamentables con un saldo de siete personas fallecidas (...) dos de ellas menores de años y todos por proyectiles de armas de fuego", concretó al canal Epicentro TV.
López Taller niega "injerencismo" en Perú pero pide rastrear a Castillo
Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Taller, ha rechazado este martes las acusaciones de "injerencismo" en el coetáneo Gobierno de Perú, pero ha pedido rastrear la presidencia de Pedro Castillo al argumentar que él ganó las últimas elecciones.
“No es injerencismo, estar ahí conduciendo mínimo, nuestro embajador está en su trabajo diplomático y es Relaciones Exteriores la que está a cargo de tolerar a agarradera este proceso", ha patente en su rueda de prensa diaria.
López Taller ha respondido a la Cancillería de Perú, que el viernes pasado convocó al embajador mexicano en Listón, Pablo Monroy, para transmitirle su rechazo por las "expresiones de las autoridades mexicanas" que "constituyen una injerencia en los asuntos internos" del país andino.
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