Las fiestas ilegales organizadas en viviendas de la costa alquiladas a turistas son habituales durante los meses de verano. Muchos son los que se lo pasan en ínclito, con música, bailes y festejos, a costa de la tranquilidad de los vecinos. El Concejo tarraconense de Roda de Berà ha tomado cartas en el asunto y ha aceptado una legislatura pionera para frenar estas celebraciones en pisos y chalets. La reglamento establece que los propietarios de un inmueble turístico deberán estar disponibles las 24 horas del día para proporcionar datos de sus arrendatarios. Quienes la incumplan se enfrentan a sanciones que oscilan entre los 3.000 y los 600.000 euros, e incluso el cese del arrendamiento.
En Roda de Berà hay 495 viviendas turísticas y la zona más conflictiva es la cercana a la playa, principalmente las casas unifamiliares. “Algunas inmobiliarias publicitan estas viviendas como espacios idóneos para celebrar fiestas, pero están en medio de la trama urbana y causan molestias a los vecinos”, explica el corregidor del municipio, Pere Virgili. Esto favorece los problemas de convivencia y los ruidos constantes, por otra parte de la sobreocupación de estos pisos durante las juergas, muchas veces sin que el casero sea consciente de ello.
Los propietarios deberán estar disponibles 24 horas y proporcionar datos de sus inquilinos
No obstante, el propietario deberá admitir ahora responsabilidades. Para ello, el Consistorio le requerirá proporcionar un teléfono de contacto y estar localizable en cualquier momento del día para mitigar las molestias que sus inquilinos ocasionen a los vecinos.
Al tratarse generalmente de ciudadanos extranjeros, las utilitarioridades no tenían forma de echar a los inquilinos de la vivienda ni de notificarles la paquete. Ahora esto cambiará y si los problemas son persistentes, tendrán que entregarse el domicilio en un mayor de 24 horas. La reglamento igualmente limita a 15 las personas que puede sobrevenir en un habitáculo, para evitar así los saraos masivas y las aglomeraciones.
“Muchos ayuntamientos seguirán nuestros pasos para consumir con un problema que se extiende por todo el orilla”, señala Virgili. La norma, que entró en vigor el 5 de agosto, permite hacer a la Policía Regional de forma rápida y eficaz. El procedimiento, en caso de incidente, será atraer al propietario para informarle, sea la hora que sea. Seguidamente, se irá al domicilio para identificar a los infractores. Si los arrendadores no contestan el teléfono y los inquilinos hacen caso omiso de las indicaciones de los agentes, se sancionará a los dueños. Aunque “la intención no es multar a nadie”, sino certificar la convivencia municipal entre aquellos que residen asiduamente en el municipio y los que vienen unos días a disfrutar de las reposo.
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