El presidente del Gobierno con la mayoría parlamentaria más exigua en democracia ha amarrado sus terceros presupuestos generales consecutivos. Los del 2023 probablemente sean los últimos de la lapso. 175 síes están confirmados ya y el objetivo es cerrar el trámite en el Congreso con 188, como el año pasado y como en 2020. Serían veintiún votos más que en la investidura y ocho más que en la moción de censura. Se desbroza el camino que permitiría a Pedro Sánchez agotar los cuatro abriles de mandato. La esencia, un año más, vuelven a ser los socios habituales del Ejecutante. PNV, EH Bildu, el PDECat, Más País, Compromís… y ERC, que muy probablemente se incline por sumarse a esta amplia mayoría. Los de Oriol Junqueras aún no han donado por hecho su voto afirmativo, pero la negociación paralela para eliminar el delito de sedición y quizás redibujar el de malversación atan a los republicanos.
De hecho, pese a que el voto oportuno de los 13 diputados de Esquerra no es imprescindible, el familia que lidera Gabriel Rufián en Madrid ha allanado este martes el camino a su sí con un acuerdo para transferir a la Generalitat de Catalunya 900 millones para infraestructuras pendientes. El maniquí es similar al que se aplica en el País Vasco: ceder obras con inversión garantizada por parte del Estado, de tal guisa que el Gobierno central se sacude toda responsabilidad y cualquier incumplimiento corre a cargo de la filial autonómica.
Para los republicanos el quid de la cuestión presupuestaria era asegurar la ejecución de lo presupuestado. Las comisiones de seguimiento pactadas no sirvieron para mucho. Ejemplos: en el 2021 solo se materializaron el 32% de las inversiones previstas en Catalunya por el Gobierno; en el primer semestre del 2022 el presupuesto ejecutado ha sido de solo el 16%. Ahora ERC creen que por fin han rematado apoyar esa inversión con esa fórmula de cesión de la obra a la Generalitat.
El acuerdo entre el PSOE y ERC además incluye toda una retahíla de partidas, entre las que destacan los 40 millones para la Autoritat de Transport Metropolità (ATM) y 60 millones para el hub audiovisual Catalunya Media City.
Con todo, EH Bildu se adelantó a Esquerra y fue la formación que inclinó este martes la romana. Tras intensas conversaciones con el Empleo de Hacienda, los cinco diputados dirigidos por Mertxe Aizpurua confirmaron este martes su apoyo a las cuentas públicas del próximo año. A cambio el Ejecutante se comprometió a prorrogar dos de las medidas más importantes del escudo antiinflación: el tope del 2% a la subida de los alquileres, que no fue nadie sencilla por las reticencias de Caudal, y la perfeccionamiento del 15% de las pensiones no contributivas. De esta valor se benefician 450.000 pensionistas, una mayoría mujeres. La financiación estimada, según el texto difundido por la formación vasca, es de 420 millones.
El Gobierno se compromete a incluir ambas prórrogas en el próximo actual decreto-ley que aprobará el consejo de ministros en diciembre con las medidas de lucha contra la inflación que estime oportuno sostener o ampliar los ministerios de Caudal y de Hacienda. El campo de acción económica del Gobierno aún mantiene en el música si prorrogará el descuento de 20 céntimos por litro de carburante.
Los abertzales acordaron, por otra parte, la transferencia de la competencia de Tráfico a Navarra antaño del 31 de marzo, incorporar 200 nuevas plazas de MIR e incrementar la partida presupuestaria para los afectados por la talidomida, entre otras medidas.
En la Moncloa han tumbado estas cuentas y afrontan la votación final del jueves con tranquilidad
Con los cinco votos favorables de la izquierda abertzale el Gobierno ya tiene amarrados 175 votos, suficientes para pasar el trámite del próximo jueves. A los 154 votos de PSOE y Unidas Podemos (sigue vacante el escaño de Alberto Rodríguez), hay que sumar los seis apoyos del PNV, los citados cinco de EH Bildu, los cuatro del PDECat, los dos de Más País, los dos de Coalición Canaria, el de Compromís y el del Partido Regionalista Montañés. En la Moncloa han tumbado estas cuentas y afrontan la votación final del jueves con tranquilidad.
Teruel Existe, socio habitual en los últimos presupuestos y formación esencia en la investidura de Sánchez, mantiene hasta última hora la núcleo de su voto. Fuentes de la formación apuntan que si el Gobierno no perfeccionamiento las ayudas a las empresas en zonas despobladas su posición será no. En la Moncloa aún aspiran a sumarles a la contención. El BNG se inclinará por sustraerse.
En el no a las cuentas públicas del familia año se encuentran además los grupos habituales en esta votación: PP, Vox, Ciudadanos (que en 2020 llegó a no presentar remedio a la totalidad a los Presupuestos), Junts y Navarra Suma.
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