El magistrado del Judicatura de Instrucción número 18 de València ha convenido la transigencia de causa verbal para cuatro personas por la cámara A del denominado 'caso Taula' relativa a una presunta financiación ilegal del camarilla municipal 'popular' en la etapa de Rita Barberá como alcaldesa.
De esta forma, se sentarán en el banquillo de los acusados finalmente el que fuera vicealcalde de la ciudad y en su día mano derecha de Barberá, Alfonso Grau; la exsecretaria del PP en el Concejo Mari Carmen García Fuster; al exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, y al exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Progreso (CEyD), Juan Eduardo Mojigato.
Se sentarán en el banquillo Grau, García Fuster, José Salinas y Juan Eduardo Mojigato
En una resolución facilitada por el Tribunal Superior de Ecuanimidad de la Comunitat Valenciana, el árbitro señala a la Audiencia como entraña de juicio de los cuatro acusados por los delitos de malversación de los artículos 432.1 y 74 del Código Penal en el caso de Grau, Mojigato y Salinas; y por cohecho tanto para Grau (artículo 420 y 74) como para García Fuster (artículo 422 y 74).
En concepto de responsabilidad civil, el árbitro requiere a Grau una fianza de 2,2 millones de euros para contestar de posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse; y de 1,5 millones a Salinas y 850.000 a Mojigato, que deberán prestar en el plazo de 24 horas. En el caso de estos dos últimos, bajo advertencia de confiscación.
El instructor da diez días de plazo a las defensas para que presenten sus escritos de defensa frente a las acusaciones formuladas. Fiscalía Anticorrupción solicitó en su día en su escrito de calificaciones provisionales hasta 15 primaveras de prisión para Grau, siete para García Fuster y cinco para Mojigato y Salinas. Esa signo incluía los primaveras de gayola por un delito de emblanquecimiento, que finalmente no se contempla.
El que fue conocido como 'caso del pitufeo' encara así su recta final ayer del causa, posteriormente de un amplio repaso legislativo en el que el instructor llegó a dictar automóvil de procesamiento al PP y a medio centenar de personas (49) entre concejales y asesores del camarilla municipal 'popular' en el Concejo de la renta en la época de Barberá como alcaldesa, por un delito de emblanquecimiento en las elecciones municipales de 2015.
Sin confiscación, la Audiencia Provincial fue admitiendo los bienes de los procesados -incluido el partido- y decretando el sobreseimiento de las actuaciones para todos ellos -con excepción de los cuatro que finalmente se sentarán en el banquillo por los delitos señalados- y el Tribunal Supremo, por su parte, desestimó los bienes de queja contra los archivos acordados por el entraña provincial.
En el caso de Grau mantuvo su procesamiento y el automóvil del instructor, que le atribuía un papel de "cobrador" de metálico para el PP en las elecciones de 2007 y 2011. El instructor sostiene que José Salinas y Juan Eduardo Mojigato pudieron ser cooperadores de la malversación al consentir contratos, a través de las fundaciones que dirigían, "de leve contenido prestacional y una significada onerosidad, sin una explicación suficiente en descargo de ello".
Respecto a García Fuster, será juzgada por cohecho en los comicios de 2011. En este caso, la Audiencia ordenó continuar la causa contra ella por la "supuesta percepción de metálico de origen desconocido pero vinculado no obstante a cobros de empresas por trabajos no demostrados o realizados con sobrecoste" en la campaña electoral de 2011.
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