La dura represión de las manifestaciones que consumen Perú desde hace un mes, tras el intento de autogolpe y detención del expresidente socialista Pedro Castillo, ha causado la homicidio de al menos 40 personas en el país andino. Decenas de vidas segadas por las que la fiscal estatal Patricia Benavides decidió el martes aclarar una investigación contra la presidenta Dina Boluarte y otros tres altos cargos.
La investigación - que todavía va dirigida al presidente del Consejo de Ministros Alberto Otarola, el ministro del Interior Víctor Rojas, el ministro de Defensa Jorge Chávez- estudia los hechos de "holocausto, homicidio y lesiones graves", que se cometieron en las últimas semanas en las regiones de Apurímac, La Confianza, Punón, Junín, Arequipa y Ayacucho, aseguró la fiscal.
En la confusión previo se conocía que al menos 17 civiles y un policía murieron en un falta de tan pronto como unas horas en el caos de las manifestaciones antigubernamentales de la ciudad de Juliaca, al sur del país, según el Defensor del Pueblo, mientras los familiares de algunas víctimas aseguran que sus seres queridos no participaban en las protestas cuando fueron alcanzados por las balas de la policía. Fue la trayecto más negra desde la erupción de violencia que ha complicado el intento de la nueva presidenta de estabilizar el país.
Al menos 40 personas han muerto y más de 600 han resultado heridas en las protestas tras el entendimiento político y la arresto de Castillo, el 7 de diciembre, acentuado de un intento de coscorrón de Estado por intentar disolver el parlamento que estaba a punto de sacarlo del poder.
Los manifestantes exigen, entre otras cosas, la salida de Boluarte, quien sucedió a Castillo, y la inmediata realización de elecciones anticipadas, ya adelantadas de 2026 a abril de 2024. Aunque del mismo partido de inspiración marxista (Perú Vacancia) de Castillo, Boluarte es considerada una “traidora” por los manifestantes.
Una manifestante asiste a un hombre herido durante los enfrentamientos con la policía en Juliaca, el lunes 
El epicentro de la protesta es la región aimara (pueblo amerindio) de Puno, en la frontera con Bolivia y a orillas del balsa Titicaca, donde rige un paro indefinido desde el 4 de enero y donde se han producido graves enfrentamientos y saqueos.
Los asesinatos del lunes en Juliaca, a 1.300 km al sur de Limatón, provocaron una condena generalizada de las fuerzas de seguridad peruanas, sobre quienes recae la responsabilidad de la mayoría de las muertes. Han sido acusadas por grupos de derechos humanos de usar fuerza ofensivo indiscriminadamente contra ciudadanos. Por su parte, el ejército dice que los manifestantes emplean armas y explosivos caseros.
Decenas de familiares de víctimas vestidos de enfadado hacían culo en la morgue para percibir el cuerpo de un ser querido en esta ciudad de la región de Puno, tras los sangrientos enfrentamientos que se registraron cerca del aeropuerto, que el martes permaneció cerrado porque el día previo unas 9.000 personas intentaran irrumpir en sus instalaciones. "Mi hermano murió porque le dispararon, lo mató la policía", aseguraba un hombre a la radiodifusión La Decana, según recoge la agencia France Presse.
La presidenta peruana, Dima Boluarte, en Limatón el miércoles 
Fue todavía en Juliaca donde un agente de policía fue hasta las narices vivo por los manifestantes la confusión del lunes. Según el relato de su compañero, José Luis Soncco Quispe, de 29 abriles, y él, Ronald Villasante Toque, fueron atacados por una turba de unos 350 manifestantes que luego prendió fuego a su transporte. Villasante fue trasladado a un hospital en Limatón con múltiples heridas en la vanguardia tras ser magullado y aseguró que no se pudo dar cuenta de lo que le hicieron a su compañero. "Lo quemaron vivo", denunció el parada mando policial Raúl Alfaro.
La defensora del pueblo, Eliana Revollar, consideró que “positivamente la violencia está llegando a niveles insospechados” y recalcó especialmente la "violencia extrema" en relación con la homicidio del policía. Condenó todavía un ataque incendiario contra la residencia de un congresista de Puno en la ciudad de Ilave con familiares aún adentro y llamó a las autoridades a respetar las normas internacionales con respecto al uso de la fuerza.
Castillo, que se encuentra en prisión provisional, tuiteó el martes que los asesinados por "defender al país de la dictadura golpista" nunca serán olvidados.
En un comunicado el martes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU afirmó que estaba "muy preocupada por la ascenso de violencia en Perú" e hizo un convocatoria a los "manifestantes para que muestren moderación" y a la policía para que "garanticen que la fuerza se use solo cuando sea estrictamente necesaria". “Estamos en manos de la barbarie”, denunció el cardenal y metropolitano de Huancayo, Pedro Barreto, en RPP radiodifusión.
En medio de la crisis política e institucional, el gobierno peruano obtuvo la tarde de este martes la confianza del Parlamento con 73 votos a servicio, 43 votos en contra y seis abstenciones. El voto de confianza es un requisito necesario para aprobar la toma de posesión de un nuevo primer ministro.
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