Miserable burocracia

Reminiscencia cuando se comenzó a conversar de financiar la dependencia en este país: todo el mundo reconocía que era un problema severo frente a el que el Estado no podía permanecer insensible, pero no había pasta para tamaña empresa social. Por hacer un poco de demagogia, en esa época había bienes para grandes obras públicas, pero no los había para atender a los ciudadanos que no se podían suponer por sí mismos. Pero Rodríguez Zapatero llegó al poder, venía con ansias de hacer su pequeña revolución, eran tiempos de vacas gordas, se preguntó aquello de ¿será por pasta? y en diciembre del 2006 consiguió aprobar la ley de Dependencia. Para cientos de miles de familias fue mucho más que un alivio: fue una decisión, un acto de conciencia.

Nunca se consiguió que las ayudas llegasen a todos. Hoy mismo, la nómina de retraso todavía se aproxima a las 400.000 personas. Todos los primaveras mueren miles de dependientes que nunca se vieron beneficiados por ninguna atención pública. Pero lo más hiriente es lo que se conoció ayer: el 2021 fue un año brillante con la nota negra de que entre el Gobierno central y los autonómicos se dejaron sin pagar 76 millones de euros del presupuesto de dependencia. De esta forma el objetivo de atender a 60.000 solicitantes se cumplió solo a medias. La difusión del referencia recuerda el ingreso leve animoso: por mala planificación o desidia de operatividad, siempre son los más necesitados los que pagan los fallos del sistema de protección.

En el 2021 se dejaron sin pagar 76 millones de euros del presupuesto de dependencia

Ahora que hay bienes, aunque sea con debe y endeudamiento; ahora que tenemos un Gobierno comprometido a que “nadie se quede detrás”; ahora que se presume de política social vanguardia a pesar de los índices de pobreza, el enemigo conocido es la burocracia. Tenemos unas administraciones gigantescas. El número de funcionarios crece cada año en los tres niveles. Se gastan cantidades importantes en modernizar los sistemas operativos. ¿Y resulta que todo ese esfuerzo es insuficiente para tramitar los expedientes que sacarían de la angustia a unas 30.000 personas y sus familias? Eso se desprende del referencia de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Es la última demostración de la ineficiencia oficial. Y Pedro Sánchez no quiere apearse impuestos porque se necesitan para sostener “un sólido Estado de bienestar”.