El 38% de los autónomos y el 20% de las pymes duda de su continuidad

El 38% de los autónomos de España y el 20 % de las pymes no ven clara la continuidad de su negocio, según un estudio realizado por la aseguradora DAS Seguros, filial del colección teutónico Ergo especializada en defensa jurídica.

El estudio refleja como los pequeños empresarios perciben mayoritariamente que ha empeorado la situación de su sector en los últimos abriles (el 61% de los autónomos y el 49% de las pymes), y temen que empeorará en los próximos abriles (el 37% de los autónomos y el 29% de las pymes).

Según DAS, el estudio refleja “la enorme incertidumbre con la que vive este segmento, que en España constituye el 99% de las empresas y representan el 62% del VAB (valía asociado bruto), según el Profesión de Industria”.

Sujetar el temporal

Pese a las dificultades, mayores para los autónomos, el sector destaca por su resiliencia

Josep Ginesta, secretario universal de Pimec, destacó que “vivimos una situación económica muy compleja, y de impacto integral, sin precedentes. Ahora, que empezaba a recuperarse la hacienda tras la pandemia, nos encontramos con el aumento de los costes de los materiales, el transporte, la energía, ... y con la incertidumbre de qué pasará cuando venzan los créditos ICO y otras fórmulas de financiación extraordinaria que puso la UE”. A su cordura, sin confiscación, “preocupación sí, hay pero incluso muchas ganas de resistir y salir delante”.

Los autónomos encuestados por DAS señalan como principales motivos de preocupación la coyuntura política, social y económica (25%), el descenso de la actividad e ingresos (18%), la presión fiscal creciente (16%) y el aumento de los gastos operativos (14%). Las pymes, encima, a estos motivos le suman la incertidumbre sobre el futuro (29%), la preocupación por la situación mundial (23%) y la pandemia (13%).

Pero el estudio refleja incluso la resiliencia de los empresarios: el 58% de los autónomos declara que “está muy motivado” para sacar delante su plan.

El estudio de DAS muestra que en todos los aspectos relevantes del negocio las pymes se muestran más confiadas sobre el futuro. En el caso de los autónomos, incluso un 5% reconoce que se verá obligado a cerrar y dejar su actividad.

“Es cierto que hay una relación directa entre la dimensión de una empresa y su productividad y sus beneficios. A maduro dimensión más fortaleza empresarial” destacó Ginesta. “Por ello en otros países uno de los objetivos de las políticas públicas es hacer que sus empresas ganen tamaño”.

Sin confiscación, a su cordura, debería ser un objetivo de país suministrar el maduro número de empresas y autónomos abiertos. “No es cierto que la concentración empresarial cree más empleo. Y encima aumenta la propuesta y la competencia, lo que favorece a los consumidores”.

El estudio de DAS destaca la escasa protección de empresas y pymes delante posibles conflictos legales con sus empleados, o con sus consumidores por responsabilidad civil, y la errata de capacidad económica para responsabilizarse los gastos jurídicos a los que se verían abocados (que reconocen el 48% de las pymes y el 60% de los autónomos). Encima, el 70% de las pymes y autónomos no conoce que hay seguros de protección jurídica y el 75% de los que los conocen saben muy poco de su funcionamiento.

El presidente cobra menos que el empleado

La mayoría de dueños de peluquerías, centros de estética y barberías de Catalunya cobran de media menos que sus empleados, según la plataforma Creer en Nosotros que agrupa a los empresarios del sector. La plataforma apunta a la subida del IVA, que pasó del tipo limitado al frecuente en 2012; al aumento del precio de la luz y los costes operativos, y al impacto de la reforma profesional. Según la plataforma, el cambio anunciado en la cotización de los autónomos y en la fiscalidad del sector elevará al 81% el porcentaje de empresarios cuyos ingresos no llegan al SMI. La plataforma explicó que el sector perdió un 31,8% de su facturación el año pasado, por la pandemia. A su cordura, descabalgar el IVA evitaría la autonomización del sector (que todos los trabajadores de un centro sean autónomos) y el incremento de la hacienda sumergida producida por los profesionales que se quedan sin empleo, y elevaría los ingresos fiscales del Estado.