La próxima batalla entre la alcaldía y la competición en el Comunidad de Madrid se librará, de nuevo, en los tribunales. Con la salvedad de que, en esta ocasión, el demandante será el PP. Que ha decidido demandar a Más País por “poseer simulado una asamblea” para concurrir en tiempo y forma en las elecciones generales de noviembre del 2019.
Fue el propio corregidor, José Luis Martínez-Almeida, quien lo confirmó ayer, una vez digerido el tosco debate parlamentario de la víspera en el que decidió acaecer al ataque tras varios meses centrado en defenderse. De la trama de espionaje a Isabel Díaz Ayuso, primero, y del pelotazo de las mascarillas, luego.
Aunque la intrahistoria se remonta a marzo del 2021. La disputa por la herencia de la exalcaldesa, Manuela Carmena, propició la salida de Más Madrid de cuatro edilescarmenistashartos de la “poca democracia” implantada los concejales errejonistasen la nueva etapa de la formación.
Liderados por Marta Higueras, exmano derecha de Carmena, los ediles díscolos decidieron organizarse como conjunto cerilla delante las quejas, entre otros, de sus excompañeros de partido y de Vox. Que entendían que debían acaecer a ser concejales no adscritos.
La diferencia no es pequeño, cubo que los grupos gozan de turnos de intervención en el pleno y fondos públicos para financiarse. mientras que los no adscritos no.
El caso es que la corporación municipal –PP y Cs– aceptó el primer supuesto acordado cuando su distanciamiento de Vox le obligaba a adquirir nuevos apoyos para sacar delante iniciativas como los actuales presupuestos generales o la decreto de movilidad tras la anulación de Madrid Central.
La denuncia de Más Madrid prosperó y la jurisprudencia ordenó la disolución del conjunto cerilla. Lo que provocó un nuevo cruce de acusaciones entre carmenistasy errejonistasaireado en varios chats que dejaron caer que la famosa asamblea para constituirse como Más País nunca existió habiéndose falsificado hasta las firmas de los hipotéticos asistentes.
Todo ello ha sido aplicado por Almeida, quien ha cogido al planeo las supuestas ilegalidades para desgastar al principal partido de la competición –tanto en el Comunidad como en el Parlamento regional– en los tribunales.
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