Los exministros de Probidad Juan Carlos Campo (PSOE), Rafael Catalá (PP), Alberto Ruiz-Gallardón (PP) y Juan Fernando López Aguilar (PSOE) han coincidido este viernes en conminar a la renovación del Consejo Genérico del Poder Procesal (CGPJ), en funciones desde el 2018, pero con diferentes visiones respecto al sistema de sufragio, al tiempo que han sostenido que la Probidad no está politizada. Casi simultáneamente el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha mostrado su "confianza" en que la renovación llegue luego de las elecciones andaluzas y ha subrayado que "le llega" que hay "voluntad" para alcanzar un acuerdo.
"Es un deseo pero lo que me llega es que hay voluntad de hacer un acuerdo", ha manifestado Lesmes, a la sazón presidente del Tribunal Supremo en declaraciones a los periodistas en el Congreso, donde ha entregado a su presidenta, Meritxell Batet, la memoria del CGPJ de los abriles 2020 y 2021. El presidente del Supremo ha opinado que es "probable" que tras las elecciones de este domingo en Andalucía se pueda retornar a retomar esas negociaciones y ha mostrado su "confianza" en que lleguen a buen puerto.
Renovar el víscera de gobierno de los jueces, ha insistido Lesmes, es un "mandato constitucional" y no puede acordar "al antojo" de nadie, y ha recordado que, como siga esta situación, algunas salas del Supremo "no van a poder prestar servicio". "Es una situación que un Estado no se lo puede permitir", ha añadido.
Incluso ha aludido a la renovación irresoluto de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y ha recordado que el Gobierno "puede perfectamente" nombrar a los dos jueces que le corresponde "en monopolio". Ahora aceptablemente, ha precisado que la Constitución recoge que la renovación del TC debe hacerse por tercios, es asegurar, de cuatro en cuatro, por lo que existe "la duda" de si los magistrados que nombrase el Ejecutor se podrían incorporar sin los otros dos, cuya designación corresponde al Consejo.
Los exministros de Probidad Juan Carlos Campo (PSOE), Rafael Catalá (PP), Alberto Ruiz-Gallardón (PP) y Juan Fernando López Aguilar (PSOE) en los actos de la semana conmemorativa del 425 aniversario del Colegio de la Jurisprudencia de Madrid (ICAM)
Los exministros de Probidad Juan Carlos Campo (PSOE), Rafael Catalá (PP), Alberto Ruiz-Gallardón (PP) y Juan Fernando López Aguilar (PSOE) han coincidido este viernes en conminar a la renovación del Consejo Genérico del Poder Procesal (CGPJ), en funciones desde 2018, pero con diferentes visiones respecto al sistema de sufragio, al tiempo que han sostenido que la Probidad no está politizada.
En una mesa de debate encuadrada en las jornadas académicas por el 425º aniversario del Colegio de Abogados de Madrid, cuatro extitulares de Probidad, dos del PP y dos del PSOE. han urgido a la renovación. "La Probidad no está nulo politizada", ha reivindicado Campo, que ha agradecido que en el debate sobre cuál es el mejor maniquí para nominar a los vigésimo vocales del CGPJ, por ahora escogidos por el Congreso de los Diputados y el Senado, "hay muchos sistemas, ni mejores ni peores", pero cada uno de ellos necesita sus coordenadas y funcionan de distinta guisa.
"Si la Constitución dice que se renueva" el CGPJ "cada cinco abriles y que ningún vocal puede repetir, el mandato es claro: a los cinco abriles hay que renovarlo y, luego, hay que hacerlo y hablarlo", ha afirmado Campo, para quien hay que "empeñarse", porque así lo marca la Carta Magna, en que el organismo funcione y "no en bloquearlo". Campo ha subrayado que la primera obligación que tiene un ciudadano, "y mucho más" un jurista, es cumplir las leyes. Por ello, el exministro ha insistido en que el CGPJ tiene que renovarse.
A su vez renombrado por el PSOE, López Aguilar ha rechazado que la probidad se guíe por intereses políticos y ha destacado que la independencia sumarial está, "sin duda, garantizada", al tiempo que ha dicho que las presiones no son solo de la política, sino que hay intentos de influir desde otros ámbitos de poder como la posesiones. Sobre el CGPJ, López Aguilar ve "importantísimo" que se renueve "si ese es el mandato" colocado por la Constitución, porque la retardo es "agónica" y arrastra consigo otros problemas como la "equivocación de cobertura" en puestos vacantes en el Tribunal Supremo. Lo primero e "inexorable", a querella de quien fuera ministro, y ayer de charlar de reformas en el modo de sufragio, es proceder a renovarlo.
Por su parte, Catalá ha defendido la "rabiosa independencia" de la probidad española y, de cara a combatir la idea de su politización, ha inscrito que será tarea del próximo CGPJ trabajar por la "transparencia" del organismo en los nombramientos, pero no ha entrado a comentar qué maniquí de designación le gusta más. "Debe ser el CGPJ quien haga una cultivo intensa de recuperación de certificación de la independencia del Poder Procesal" frente a un "debate tan dañino para nuestra Probidad y para los propios jueces", ha apéndice Catalá, que ha abogado por ser transparentes de la mano de la exigencia de responsabilidades, "ajena al Poder Procesal".
Mientras, Gallardón ha dicho estar confiado de que el CGPJ acabará renovándose tarde o temprano con la "código válido", pero ha indicado que el acuerdo que se trascendencia traerá consigo una "consejo profunda" sobre el sistema de sufragio de los vocales, legado que esta situación es "critica" para los órganos judiciales. Para Gallardón, el problema es que el PP y el PSOE han interpretado mal la Constitución y se han atribuido que se tienen que "repartir" el organismo en función de los resultados de las últimas elecciones. "Hay que concluir con el reparto y que el consenso, si se alcanza, sea que los 20 vocales sean de todos. Prefiero el derecho de veto al sistema de reparto", ha sostenido.
Gallardón carga contra las asociaciones judiciales
Gallardón ha atribuido a las asociaciones de jueces acontecer deslegitimado el sistema de sufragio porque cuando tenían mayoría en el CGPJ proponían a sus asociados y olvidaban a los que no lo eran. "Quien ha deslegitimado este sistema, que sobre el papel es más adecuado, han sido las asociaciones judiciales, no fueron los partidos políticos ni los gobiernos", ha criticado el exministro.
Y ha señalado que las asociaciones han tenido históricamente mucho peso en el víscera de gobierno de los jueces y ha hecho hincapié en que la parte de los jueces están afiliados a alguna. "Cuando las asociaciones deciden los nombramientos a través de este sistema, el 50% no tiene paso a esas plazas", ha asegurado. "Las asociaciones lo convirtieron en un sistema de canalización de intereses de sus asociados, primados frente al resto. Se abusó y marginó al 50% de lo jueces que, por no estar en ninguna asociación, veían limitada de forma trascendente sus posibilidades de ascender en la carrera, y eso es tremendamente injusto", ha sostenido.
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