Desconcierto y debate luego de la anulación definitiva del decreto que reguló las últimas elecciones a la Cambra de Comerç por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Los servicios jurídicos de la Generalitat siguen analizando el coche, pero en cualquier caso el Govern descarta ir en cabeza las elecciones, según explicaron fuentes del Departament d’Empresa. Esta posición contrasta con lo que opinan diversas fuentes jurídicas consultadas, que consideran que tras la resolución del TSJC no queda otro camino que decidir la suspensión del mencionado decreto, nombrar una despacho provisional para la Cambra y poner en marcha las elecciones con una reglamento renovada.
La incertidumbre se mantiene luego del polémico pleno del miércoles, en el que se aprobó un manifiesto de apoyo al Consell de la República, un nuevo escudo sin corona y la reducción de las llamadas sillas de plata , las reservadasa grandes corporaciones a cambio de una aporte económica. Igualmente se acordó iniciar la concurso para construir un nuevo edificio en el 22@, con una inversión de 55 millones, rescatando así un envejecido tesina del expresidente Miquel Valls.
El Govern argumenta que el tribunal no hace mención alguna a la validez de los resultados electorales
El TSJC ha rechazado reconocer a trámite el postrero solicitud contra la anulación del decreto presentado por la Generalitat en el 2020, con Àngels Chacón en la Conselleria d’Empresa y Quim Torra en la presidencia. Ya con prioridad el Tribunal Supremo había rechazado otro solicitud de la Generalitat contra la misma sentencia del TSJC.
El Departament d’Empresa argumenta que el TSJC ha anulado el decreto que reguló las elecciones pero no cuestiona los resultados de estas y, por lo tanto, no hay motivo para cambiar ahora al equipo de gobierno que encabeza Mònica Roca. En cualquier caso, Empresa asegura que lleva ya meses trabajando en la preparación de un nuevo decreto para las próximas elecciones, que en principio deberían celebrarse el próximo mes de mayo.
Entregado que el procedimiento electoral es fatigoso y suele requerir entre cuatro y cinco meses, se estima que prácticamente ya se llegaría al plazo previsto.
Por el contrario, varias fuentes jurídicas opinan que aunque el coche del TSJC no menciona los resultados electorales, invalida la cojín de todo el procedimiento de votación y, por lo tanto, además los resultados. Los consultados opinan que eso no implica anular todas las actuaciones del flagrante equipo, indemne las que hayan sido recurridas, porque existe el principio reglamentario de conservación de actos administrativos para no perjudicar a terceros.
Fuentes jurídicas advirtieron, por otra parte, que “desde el patronal se seguirá muy de cerca la elaboración de la nueva ley de Cámaras para que se respeten derechos fundamentales con un proceso transparente y con seguridad jurídica para que no se repitan episodios como los vividos en el pasado”.
La sentencia sobre el decreto fue recurrida por el precedente Govern, pero el flagrante además ha sido activo en otras causas judiciales. Mercedes Cuyàs, socia de Dominio Pública Abogados, se muestra crítica con la Generalitat por la osadía de recurrirlo todo. Esta letrada coordina las causas por infracción de derechos fundamentales emprendidas por empresarios que denunciaron que sus votos habían sido anulados injustamente en el recuento electoral. Sobre ese asunto ya hay un primer parecer del TSJC reconociendo esa infracción de derechos. “Un solicitud sobre derechos fundamentales suele resolverse en ocho meses. Nosotros llevamos tres abriles y medio”, afirma.
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