Productividad y obra pública

La publicación de las cifras de ejecución de la inversión presupuestada por el Estado y sus organismos el pasado 2021 nos sitúa de nuevo frente a una efectividad que no por conocida es menos amarga: la del maltrato fiscal a Catalunya y su corolario, el rosario de incumplimientos en materia de inversión. De lo sucedido, déjenme destacar tres aspectos relevantes: uno político, otro justo y el final crematístico.

El primero refleja, una vez más, la incapacidad de comprensión de Catalunya por parte del Estado central. O quizás, y a fuer de no pecar de ingenuos, se trate de voluntad deliberada. Porque a los hechos hay que remitirse: como la prensa ha destacado estas últimas semanas, en particular en inversión en el indispensable ferrocarril en Catalunya, la comparación con la ejecución presupuestaria en Madrid es sangrante (el presupuesto ejecutado de Renfe y Adif aumentó en el 2021 de forma espectacular). ¿Conclusión? El maltrato fiscal a Catalunya constituye la regla. Y sus consecuencias políticas las conocemos.

Da miedo esa equivocación de preocupación inversora en Catalunya por parte del Gobierno

El segundo es preocupante, y no solo para los catalanes. Los medios de comunicación destacan cada año que las leyes de presupuestos constituyen el trámite constitucional más importante del entrenamiento. Y es cierto que su equivocación de aprobación puede hacer caer gobiernos. Pero, una vez aceptados, parece que desaparecen las obligaciones que impone de la ley en el ámbito inversor. ¿Cómo se explica ese desfase entre presupuesto y ejecución? Si los trámites para poner en marcha determinadas inversiones no estaban finalizados, lo decidido era un enhorabuena al sol; y lo mismo, aunque en sentido contrario, sirve para la Comunidad de Madrid, donde parece que estaban más que avanzados. Cierto es que el papel todo lo aguanta. Y nuestro país, por mediterráneo y católico, está acostumbrado a dictar leyes cuya puesta en experiencia es más que dudosa.

Finalmente, relevancia económica de ese incumplimiento. Decíamos hace unas semanas que los problemas de longevo entidad que afronta España están vinculados, directa o indirectamente, a un muy estrecho avance de la productividad. Y citábamos reformas imprescindibles para elevarla, aunque de difícil puesta en marcha. Y, lícitamente, la inversión del Estado se inscribe en este paquete que afecta a la productividad conjunta que, por su bajo o gafe crecimiento, laja el avance de la capital catalana y la del conjunto del país.

En un mundo de feroz competencia internacional, esa equivocación de preocupación inversora­ en Catalunya por parte del Gobierno central da miedo. Porque malo sería que fuera incompetencia o simple desidia, pero peor que reflejara una decidida voluntad de encumbrar Madrid y sus aledaños a costa del crecimiento universal del resto. El diseño radial del AVE ya fue una muestra clara de esa voluntad. Los incumplimientos de la inversión pública central fuera de Madrid, asimismo. Mal asunto. Para todos.

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