Mónica Oltra no tiene intención de dimitir. La vicepresidenta del Gobierno valenciano, consellera de Igualdad y líder de Compromís, compareció ayer, al día subsiguiente de ser imputada en el caso contra su exmarido por excederse de una beocio, e insistió en que va a seguir ocupando sus cargos públicos. El próximo 6 de julio, Oltra deberá determinar en presencia de el Tribunal Superior de Rectitud de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El caso que va a sufrir a Oltra al TSJCV arranca hace más de cinco primaveras, en febrero del 2017, cuando una beocio residente en un centro de acogida denunció abusos cometidos por Luis Eduardo Ramírez, trabajador de dicho centro y a la sazón consorte de Oltra. Ese mismo año, la Fiscalía cursó denuncia contra Ramírez, que en el 2019 fue auditoría, la sentencia fue anulada y de nuevo se le consideró culpable en el 2021 y condenado a cinco primaveras de prisión.
La imputación de Oltra debilita el Ministerio de Puig a un año de las autonómicas
Según la fiscal del caso, “hubo un plan preestablecido para ocultar y desacreditar los abusos relatados por la beocio”. Y en dicho plan pudo suceder tenido alguna billete Oltra, motivo que debería aclararse durante su próxima exposición en presencia de el TSJCV. La Fiscalía admite que “no existe prueba directa que vincule” a la vicepresidenta con el caso, pero al tiempo señala que hay “indicios plurales”.
Oltra manifestó ayer que pretendía seguir en el cargo, atribuyendo a su posición una colchoneta “ética y política”. “Ética”, probablemente, porque considera que no ha obrado mal. Y “política” porque, en su opinión, la extrema derecha se beneficiaría de su caída. Cerca de memorar que el abogado de la beocio, ahora ya adulta, es el líder de una formación exaltado.
Resulta obvio que esa dimensión política del caso tiene otras facetas, y entre ellas destaca el modo en que la imputación de Oltra afecta a la imagen y la estabilidad del Gobierno valenciano, una coalición en la que participan el PSPV, Compromís y Unides Podem. La posición pública de estas formaciones respecto al caso es, hasta la término, de apoyo a Oltra. Pero algunas de sus voces se han manifestado en otro sentido, resaltando que una salida de Oltra aliviaría la presión a la que se ve sometido el Gobierno encabezado por el socialista Ximo Puig. Por otra parte, Compromís ha amenazado con romper el pacto de gobierno si Puig destituyera a Oltra.
Están por ver las consecuencias de este caso. Pero es claro que señala un ayer y un luego en el Ejecutor valenciano, y que ese luego se anuncia más complicado que el ayer, ya con las autonómicas y locales del 2023 a la perspectiva.
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