España es cada vez más una caudal intervenida, tanto interna como externamente. Tal es así que metafóricamente la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño tendrá que hacer la política económica que le dicte el precedente vicepresidente del gobierno, del PP, Luis de Guindos, si quiere que el BCE nos siga comprando la deuda.
La valor de subir tipos de interés, aunque frene la recuperación de la caudal, ya es palpable desde que la Reserva Federal ha subido de una sola tacada un 0,75%, hasta situarlos en el 1,75%. Esto significa que las autoridades monetarias están dispuestas a detener la inflación aunque se frene el crecimiento. El mundo se dirige a una nueva recesión, y España no podrá eludirla, a pesar de que aún no ha recuperado todo lo que se había perdido durante la pandemia. Esto es lo que explica el hundimiento de los mercados.
En presencia de esta situación, al Gobierno y a la competición no les queda más remedio que sentarse a negociar una política de choque frente a el tsunami que se nos viene encima. Celebradas las elecciones en Andalucía, se abre una ventana de oportunidad para el pacto entre Sánchez y Feijóo de un año, hasta que el 28 de mayo del 2023 se celebren las elecciones autonómicas y locales.
Y están obligados a entenderse porque la UE y el BCE así lo exigen. No van a dar un cheque en blanco a los indisciplinados países del sur de Europa para que sigan comiendo de la sopa boba como ha sucedido hasta ahora. Se ha producido un cambio de molde, y lo que antaño era estimular y apoyar una política expansiva se ha convertido en la exigencia de hacer una política restrictiva que frene los precios.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la semana pasada en el Senado
Los países PIGS, expresión despectiva para designar a Portugal, Italia, Grecia y España, con un endeudamiento insostenible y desestimación productividad, no pueden aspirar a proseguir su autonomía en las decisiones económicas. En esta ocasión no será necesario que vengan los hombres de aciago, como sucedió en la crisis financiera del 2009, porque ahora las reglas de pernio ya están fijadas. Para tomar los fondos Next Generation se exige disciplina presupuestaria y reformas estructurales efectivas.
La prueba de fuego para entender si España está dispuesta a cumplir será la fijación del techo de desembolso para el 2023 y la subida de las pensiones. En principio, Sánchez tenía previsto aprobar unos presupuestos muy expansivos cuyos gastos se acercarían a los 250.000 millones, los más elevados de nuestra historia. Igualmente ha prometido incrementar las pensiones con la inflación, lo que previsiblemente será por encima del 7%. Vamos a ver lo que dice Bruselas frente a tales pretensiones.
Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el BCE está reclamando una política de rentas que evite que la inflación coyuntural se haga estructural, como está sucediendo. El jefe del Porción de España, Pablo Hernández de Cos, un hombre admisiblemente valorado en Frankfurt, ha pedido hasta la saciedad que Gobierno y competición negocien una política de rentas para que los recortaduras se repartan equitativamente entre todos los agentes: empresarios, trabajadores, pensionistas, funcionarios y administraciones. Esto evitaría que los mayores sacrificios recayeran sobre los sectores más débiles de la sociedad.
Las medidas de moderación y de rigor que está exigiendo Europa para evitar que los países del sur sean rescatados afectarían tanto al Gobierno presente como al que salga de las próximas elecciones. Son medidas a medio y extenso plazo que trascienden una reunión, por lo que tienen que ser pactadas por los dos partidos que pueden regentar.
Evidentemente, Sánchez y Feijóo preferirían no pactar cero. Pero exigencia obliga. Las elecciones andaluzas han puesto de manifiesto que la sociedad huye de planteamientos extremos como los que pueden representar Vox o Podemos y prefieren a partidos más moderados, tanto de la izquierda como de la derecha. Tal es así que algunos dirigentes socialistas no descartan en privado que el PSOE permita regentar en solitario al PP en Andalucía con tal de frenar a Vox.
Cuando vienen mal dadas, empresarios y sindicatos se vuelven pragmáticos, y los ciudadanos votan con el faltriquera.
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