La situación de interinidad en que vive instalado el Consejo Normal del Poder Sumarial desde diciembre del 2018 es el foco de las preocupaciones señaladas por la Comisión Europea en su tercer documentación anual sobre la situación del Estado de derecho en España. “Recomendamos a España proceder a la renovación del Consejo Sumarial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente luego, el proceso para adaptar el designación de los jueces que lo integran teniendo en cuenta los estándares europeos”, señala el documento publicado ayer.
Por primera vez desde que hace tres primaveras Bruselas empezó a fiscalizar la calidad democrática de los países de la Unión, el documentación incluye recomendaciones sobre cómo solventar los problemas detectados. El gimnasia es mucho polémico en algunos países, de ahí que en esta ocasión Bruselas haya redoblado los contactos con los representantes de todos los sectores afectados y remitiera a las capitales los informes, que no las recomendaciones, para que hicieran una revisión factual.
El Ejecutante europeo evoca el espionaje a políticos y pide “controles robustos” para avalar los derechos
Más allá de sus críticas al sitio del Poder Sumarial –que, citando un documentación del Tribunal Supremo recuerda que puede sufrir a que haya un 14% menos de jueces en activo de los que deberían, lo que puede traducirse en mil sentencias anuales menos– el documento señala avances respecto al año pasado en la calidad del sistema sumarial gachupin. Bruselas cita las medidas para entregar el comunicación a la equidad a las personas con discapacidad, la reforma del Código Penal, la ley sobre el derecho a una defensa torneo o la digitalización de la equidad.
Singular de insistir, por tercer año consecutivo en la renovación “prioritaria” del Poder Sumarial, el documentación reclama a España que “refuerce” el estatuto del ocupación fiscal. En concreto, pide separar la duración del mandato que tiene el Gobierno, “teniendo en cuenta los estándares europeos de intendencia y autonomía de las investigaciones”, señala el documentación, que pide acortar la duración de la instrucción de los casos para que la lucha contra la corrupción sea más efectiva.
El Ejecutante comunitario reconoce que España está aplicando medidas para precaver y combatir esta señal y señala en distinto el plan doméstico actualmente a debate. Además señala como avances los borradores legislativos que se están discutiendo para regular la comportamiento de los lobbies e insiste, no obstante, en la creación de un registro conocido de grupos de presión, que estaba prevista para este año, así como la asimilación de medidas para entregar el comunicación de los ciudadanos a la información pública mediante la revisión de la ley de secretos oficiales, reforma en la que ya trabaja el Gobierno.
Al igual que en el documentación del 2021, Bruselas pide asimismo dotar de posibles al regulador audiovisual luego de los problemas detectados durante la transposición de la última directiva sobre el sector y detecta problemas de transparencia sobre la propiedad de los medios. Por extremo, el documento evoca asimismo el espionaje a políticos con programas como Pegasus e insiste en la obligación de que las autoridades apliquen “controles robustos” para consolidar el respeto de los derechos fundamentales, pero no hace recomendaciones concretas.
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