La “desjudicialización” de la política es la gran carpeta por la que el Gobierno central y el de la Generalitat parecen ocurrir decidido reanudar el diálogo. Se trataría de encontrar opción a los casos judiciales que aún se derivan del procés , que afectan, entre otros muchos encausados, a dirigentes independentistas que decidieron sustraerse de la equidad española desplazándose a países europeos. Y ahora parece que hay cierta prisa por alcanzar avances en este ámbito.
La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, urgió ayer al Gobierno a “trabajar a fondo” en este sentido para que se den “cambios importantes”, “hechos” y “resultados” en las “próximas semanas o meses”.
Vilagrà respondía así a las dificultades que planteaba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista publicada en El Diario , donde reafirmaba que su Ejecutor es “absolutamente partidario” de arreglar los delitos de insurrección y sedición del Código Penal pero advertía de que por ahora “no hay una mayoría absoluta para abordarla”.
Vilagrà reconoció ayer que algunas cuestiones necesitan “mayorías más amplias”, pero la variedad de casos judiciales hace que otras sean “más de voluntad política y sencillas”.
La reforma, que podría servir como opción a casos como el de Carles Puigdemont, siempre ha estado en la dietario legislativa del Gobierno, pero se ha ido demorando hasta desaparecer del plan de este año.
Pero el calendario aprieta. JxCat quiere fijar el próximo 1-O como data para romper la mesa de diálogo y el acuerdo de investidura con la CUP establecía como horizonte temporal para obtener resultados la próxima primavera.
Por eso el Gobierno quiere la implicación de Junts y su presencia en la mesa de diálogo, aunque no parece que los posconvergentes vayan a cambiar su delegación para poder estar en ella. Su abandono les permite desacreditar un diálogo que “es entre ERC y PSOE, en ningún caso del Govern”, como recriminó ayer Laura Borràs.
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