El uso de la firma electrónica está en auge en España y sin retención remotamente de alcanzar un conocimiento y prohijamiento generalizados. Queda mucho por hacer, pese a que el país cuenta actualmente con unas 14.000 sedes electrónicas, entidades de derecho manifiesto a disposición de ciudadanos y empresas. La estadística, claro está, no lo dice todo sobre el mercado de certificación de la identidad digital. De los varios eslabones de esta dependencia de valencia, La Vanguardia ha querido detenerse en uno peculiar: la prestación de servicios de confianza. El nuevo muestra sindical de la pandemia es propicio, combinado con la condición de mitigar el aventura de fraude digital.
El mes pasado la empresa Víntegris fue adjudicataria del concurso convocado por el Congreso de los Diputados por el que los miembros de la Cámara usarán la tecnología de firma electrónica en modo servicio, que entre otras características ofrece el sellado de tiempo cualificado, método que proporciona un registro de la hora exacta de la firma y su empuje en caso de discrepancias. Es una remisión valiosa para Víntegris, que ayudará a rasgar más puertas en el sector manifiesto. En España hay prestadores de confianza propios del sector manifiesto a nivel estatal (la Industria Doméstico de Moneda y Timbre) y órganos autonómicos en Catalunya, Valencia y el País Vasco. “Es un pensil muy correctamente cuidado, pero creemos que hay espacio para la colaboración a partir de nuestra propiedad intelectual”. Que es el primer capítulo en los ingresos de Víntegris.
Usos
La empresa apetencia la certificación de la firma digital de los 350 diputados del Congreso
Otro cliente significativo de su plataforma es el Consejo Común de Colegios de Médicos de España, que potencialmente puede emitir firma cualificada para 280.000 facultativos.
Esta empresa, fundada en el 2004 en l’Hospitalet, tras doce primaveras integrando soluciones de seguridad para bancos y aseguradoras, reconvirtió su software en torno a la firma digital. En el 2020 fue adquirida por la compañía suiza Euronovate, a su vez controlada por la estadounidense Topaz, experto en biometría. Javier Bustillo, director normal de Víntegris, pone de relieve que la empresa reúne una rara dicotomía: es prestador cualificado (el nivel más suspensión de tres) de servicios de confianza, pero a la vez desarrolla el software de certificación basado en su tecnología propia. “Nuestra propuesta de valencia –resume– tournée en torno a un producto que vendemos como servicio en la nimbo, al que llamamos Nebula Suite”.
Según Bustillo, la orden ministerial que habilita la lanzamiento de certificados por videoidentificación remota con valencia sumarial probatorio (otro secundario esencia) cambiará radicalmente la competencia de muchos actos jurídicos y con ello la relación de ciudadanos y empresas con las administraciones. “De hecho, en los últimos meses han aparecido numerosos casos de uso en los que creemos que ese doble rol nos coloca en una posición privilegiada”.
Trayectoria
Fundada en el 2004, desde el 2020 es propiedad de la suiza Euronovate
La certificación de la identidad digital está regulada por la norma europea eIDAS. Víntegris ha completado la traducción de su plataforma a tres idiomas (que prórroga ampliar a siete) como soporte de su proyección internacional. Simultáneamente, trabaja con el oficina Ecija Abogados en la revisión de los esquemas legales de cada uno de los países en los que quiere rasgar oficina en el 2023: el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.
De conformidad con la norma eIDAS, cualquier ciudadano europeo puede utilizar la tecnología de Víntegris con la misma validez que en España, pero lo cierto es que solo el 5% de su facturación se genera en algún otro país europeo, claramente insuficiente en opinión de Bustillo. Pero una auténtico internacionalización requiere adecuar técnica y legalmente sus soluciones a los matices nacionales y, eventualmente, la adquisición de empresa con tradición circunscrito.
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