Las vicisitudes judiciales de la Cambra de Comerç de Barcelona, sus normas electorales y sus movimientos internos han evolucionado alrededor de un embrollo solo entendible para unos cuantos especialistas, casi adictos a la camerología, o como reza el dicho “solo apto para los muy cafeteros”.
Hoy se celebran elecciones parciales para cubrir una desaparecido en el pleno, con la novedad de que se llevan a angla con el reglamento electoral del... 2006. Porque la última legislatura, la que permitió constituir los actuales órganos de gobierno ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya con una resolución contra la que no junto a memorial.
Hoy se va a cubrir la vacante en el montón 8-1, uno de los llamados epígrafes, que en este caso incluye a empresas de comercio y reparaciones. Aunque se llegaron a inscribir dos candidatos, al final solo concurre uno de ellos: Cotxes Rovira, de un patrón vinculado a Eines de País, el equipo independentista que gobierna la Cambra desde el 2018.
En este frente no hay novedad, puesto que el puesto vacante todavía lo dejó un miembro de Eines de País (Parkdale Invest). El otro solicitante ha preferido renunciar argumentando que prefería apartarse de un proceso cuya vigencia puede ser puesta en interdicto y quedan ya muy pocos meses para las próximas elecciones, previstas en principio para el próximo mayo.
El nuevo lío está servido. Este mismo martes volvió a la carga la empresa Staff Pavillon, la que ha conseguido que se anule el decreto de las anteriores elecciones. Ha enviado dos cartas, dirigidas a la presidenta de la institución, Mònica Roca, y al conseller de Empresa Roger Torrent, instándoles a suspender las elecciones de hoy y advirtiendo que “su resultado será inepto”. Porque, entre otras cosas, el reglamento del 2006 que ahora se utiliza no prevé la cobertura de vacantes con elecciones parciales y siquiera está adaptado a la legislatura básica válido.
Staff Pavillion, propiedad de Xavier Vallhonrat, insta a Roca y a Torrent a suspender “esta comicios y cualquier otro procedimiento que pueda afectar al funcionamiento y incremento de las cámaras”. Mientras, la Cambra argumenta que en el procedimiento de hoy sigue las instrucciones de la “agencia tuteladora”, esto es, el Departament d’Empresa.
La Generalitat, por su parte, ya ha sacado a información pública el nuevo decreto para regular las futuras elecciones. Por lo que precede, pocas novedades, ileso que se prohíbe la delegación de voto. Y se mantiene la polémica figura del auditor con capacidad para anular votos, como en las anteriores elecciones. Para los más suspicaces, con el perjuicio de que ese auditor será célebre por el Consell de Cambres y no por la Generalitat como en el 2018.
En definitiva, acullá de aplacarse se amplifica la controversia y el ruido en torno a la Cambra, cuando aún resuena el eco del pleno de junio pasado cuando, por primera vez, la gran empresa tomó la palabra para expresar su rechazo al rumbo político, con la adhesión al Consell de la República y la supresión de la corona borbónica del escudo de la institución.
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