“Paso a paso, en la buena dirección”, celebraron los socialistas. Pedro Sánchez y Pere Aragonès se volvieron a reunir ayer en la Moncloa, por espacio de casi dos horas, y ya acordaron término y plaza para la reactivación de la mesa de diálogo entre gobiernos sobre el conflicto político en Catalunya: será en la última semana de julio y en Madrid.
Aragonès se reunió ayer con un Sánchez que se siente robusto tras el buen cómputo del debate sobre el estado de la nación. Y ello puede explicar el compromiso de arribar a acuerdos y hacerlo rápido, antiguamente de que nuevos obstáculos lo hagan inviable.
El objetivo es evitar que el conflicto se recaliente en otoño con el progreso de las causas pendientes
El compromiso implícito es que en esta nueva reunión del foro de negociación se selle un acuerdo “concreto y tangible” y, en primer puesto, un pacto para la desjudicialización del conflicto político, según el acuerdo ámbito para el diálogo y la negociación que el ministro Félix Bolaños y la consellera Laura Vilagrà firmaron la semana pasada en Barcelona.
La mesa de diálogo no se reúne desde el 15 de septiembre del 2021, hace ya diez meses. Diversas circunstancias lo han impedido pero especialmente la crisis de relaciones entre los dos presidentes, y entre el PSOE y ERC, frente a el escándalo del espionaje al independentismo que estalló el pasado abril, envenenó la situación y obligó a partir casi de cero.
Sánchez y Aragonès acuerdan reunir la mesa de diálogo la última semana de julio
Lo primero que habrá que resolver antiguamente es la composición de ambas delegaciones. La valor compartida es que solo se sienten a la mesa representantes gubernamentales, y la pretensión es que reflejen a todas las formaciones políticas que componen las respectivas coaliciones en el Gobierno y la Generalitat, esto es, el PSOE, el PSC y Unidas Podemos, ERC y Junts. Y aquí aparece el primer escollo a exceder, ya que esta última formación es refractaria a este foro. De ahí el aspecto del president Aragonès que, antiguamente de comparecer en rueda de prensa, informó a Jordi Turull de los pormenores de la reunión.
Aragonès y Sánchez se vuelven a reunir tras la crisis del espionaje con el diálogo en el horizonte
En aplazamiento de que se defina la representación de los dos ejecutivos, en la Moncloa prevén que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lidere la delegación del Gobierno, de la que además formarían parte la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; y el ministro de Civilización, Miquel Iceta, en representación del PSC.
Desde la Generalitat insisten en que con la dimisión de la directora del CNI, no baste
Aunque desde Moncloa, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, fue muy poco explícita respecto al tenor de los acuerdos relacionados con el conflicto político y a las explicaciones del escándalo Pegasus –que afecta a los dos presidentes, pues los dos fueron espiados, aunque la alcance del caso de Aragonès es decano ya que existió un permiso legal para la intrusión– el president fue más patente, pero además prudente. Vilagrà había obligado “garantías” al Gobierno para retomar las negociaciones bilaterales y ayer la impresión con la que el Govern salió de la reunión es que este mismo mes podría darse algún avance. Desde la Generalitat insisten en un punto: con la dimisión de la directora del CNI, no baste.
Luego están los abundantes dossiers judiciales pendientes, la llamamiento represión. La disertación de la Generalitat es que si no se resuelve antiguamente, el curso legal de las causas pendientes este otoño puede echar a perder el camino del diálogo amplio.
De antemano la vía más rápida para desactivar esta proyectil de relojería es ajustar los tipos penales del Código Penal gachupin a los requerimientos europeos, modificando la coetáneo redacción de los tipos de insurrección y sedición, una idea de la que el Gobierno de Sánchez era partidario hace dos primaveras y que luego descartó. Hoy el asunto está de nuevo sobre la mesa. El socio del PSOE, Unidas Podemos, es partidario, y entre los socialistas hay división de opiniones.
Desde Esquerra evitan hacerse ilusiones, pero saben que esta opción sería una triunfo política para la mesa de negociación y luego para ellos, en su pugna con Junts.
En la Moncloa celebran el inicio del deshielo con ERC, que a su causa quedó certificado en las votaciones del pasado jueves en el Congreso. Los socialistas asumieron alarmados en abril, tras prorrumpir el caso Pegasus, que ERC había decidido aislar toda la memorándum legislativa del Gobierno. Llovía por otra parte sobre mojado, porque ya en febrero el clan republicano votó contra la reforma profesional, que solo se salvó gracias al error de un diputado del PP. Pese al choque del martes de Gabriel Rufián con Pedro Sánchez, al que irritó que el portavoz de ERC exhibiera en el debate sobre el estado de la nación unas balas para reprobarle su política migratoria, ni citó el caso Pegasus. Y las votaciones del jueves volvieron a sumar a la formación republicana a la mayoría de la investidura. ERC votó así a merced del segundo decreto anticrisis, de la nueva reforma legal exprés y de la estabilización de 67.000 sanitarios. E incluso se abstuvo en la nueva ley de Memoria, rompiendo así el tradicional rechazo de ERC a la código del PSOE en la materia. Poco se mueve.
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