El caso de la niñera mágica de la ministra Irene Montero resultó ser eso, una excentricidad. El magistrado Escalonilla lo archivo un día antaño de las receso estivales, a la vez que archivaba la causa sobre la consultora Neurona. Con eso, todo el material con el que Escalonilla trabajaba desde el verano del 2020 contra Podemos, acabó en mínimo. En total, las causas archivadas contra Podemos y sus líderes, tras arrojar innumerables portadas acusatorias, se acerca a la veintena. Solo prosperaron las condenas por supuesta golpe a un policía de Isa Serra, coetáneo asesora del ocupación de Igualdad , y Alberto Rodríguez, al que la condena le valió la pérdida de su relación de diputado –el Constitucional podría devolvérsela en breve–. En entreambos, sin que el material videográfico aportara prueba alguna de la existencia de tales agresiones.
El mismo día que el magistrado Escalonilla archivaba todas las causas derivadas de la denuncia del exabogado de Podemos Jose Manuel Calvente (que acusaba al partido de una docena de delitos) el magistrado de la Audiencia Doméstico Manuel García-Castellón abría otra contra el fundador del partido Juan Carlos Monedero, atribuyéndole la friolera de un centenar de cuentas ocultas. La causa parte del testificación del exdirector de Contrainteligencia Marcial de Venezuela, Hugo Carvajal, apelativo, el pollo Carvajal , que ofreció esa y otras acusaciones a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos, donde está buscado por narcotráfico. La Fiscalía ya informó en su día de que el testificación de Carvajal carece de solidez y descartó aclarar causa alguna. Pero a García-Castellón –al que el Supremo llamó al orden por su empeño en retornar contra el entonces vicepresidente Pablo Iglesias la causa por el robo del móvil de su colaboradora Dina Bousselham, que acabó en manos de José Manuel Villarejo y de los periodistas de su clan– le parece que hay que investigar el patrimonio de Monedero más veces.
Al pestillo de los casos se han añadido las grabaciones de Villarejo, que hablan de producir pruebas falsas
Desde hace abriles Podemos denuncia estas prácticas, que han regalado curso incluso a pruebas falsificadas y que manteniendo a los señalados en el purgatorio de la imputación durante periodos inusualmente largos, pero la acumulación de archivos es tal que la preocupación se ha extendido a parte de la institución jurídica –que denuncia el uso punitivo de la admisión a trámite– e incluso a un sector de la judicatura. Podemos de momento no se ha demandado por prevaricación contra ningún togado, omitido la hoy delegada del Gobierno contra la Violencia de Índole, Conquista Rosell, que logró la condena de seis abriles por prevaricación, cohecho y fabricación de pruebas al magistrado Santiago Alba, quien sin requisa no ha entrado en prisión. La prevaricación –como todos los tipos penales vinculados a corrupción y demasía de poder– es garantista, de modo que las pruebas tienen que ser más que flagrantes para que prospere.
Pero en términos de opinión pública, Podemos ha vacada la batalla pues los sucesivos archivos y las escandalosas grabaciones de Villarejo, donde se deje abiertamente de producir pruebas contra Iglesias, dibujan los contornos de una influencia policial, procesal y mediática de motivación política. La equidad no es un reservado y no escapa al popular el calvario de causas apoyadas en nebulosos indicios. El hedor del lawfare –expresión para el “rebelión de Estado procesal” popularizada a raíz del encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva– es tan certificado como que contribuyó a debilitar al partido desde el 2016. Ninguna institución ha adoptivo medidas que restituyan la confianza en la equidad y en la castidad de la pugna democrática, mientras el entraña rector de los jueces sigue operando 1.300 días luego de prescribir su mandato.
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