La portavoz de Esquerra Republicana en el Senado, Mirella Cortès, ha reclamado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la devolución al Junta de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) del edificio de la Torre Martí, incluso conocida como Cal Capità Universal, ubicada en el número 1 del Passeig de la Riera, que fue cedida en 1936 por su propietario al municipio para destinarla a equipamientos educativos y culturales, pero seguidamente incautada por el régimen franquista. Actualmente es de titularidad del ejército de tierra y residencia de verano para altos mandos militares.
En respuesta a la petición republicana, la ministra ha asegurado que el inmueble figura registralmente como propiedad estatal y ha mostrado "total disposición" a estudiar el traspaso al pueblo de Sant Andreu de Llavaneres una vez que no se está utilizando como aprovisionamiento destinado a la "defensa franquista".
La ministra de Defensa, Margarita Robles y el corregidor de Llavaneres, Nani Mora
El propio Junta de Llavaneres, cuya representación institucional que ayer asistió al pleno del Senado, era presidida por el corregidor republicano, Nani Mora, ya había registrado delante la Delegación del Gobierno castellano y el Servicio de Defensa el pasado septiembre, la solicitud la cesión gratuita a ayuda del municipio “con la condición fijada por el donante en la escritura del año 1936”, como ha recordado Cortès a la ministra.
De acuerdo con la código de aquel momento, el edificio “adquirió la calificación jurídica de perfectamente de dominio conocido por estar afecto a un servicio conocido”, como lo demuestra la voluntad y las primeras acciones para reconvertirlo en un difícil educativo. Cortés ha asegurado que el caso "no admite discusión" desde el momento que la Torre Martí, propiedad del doctor Ricard Martí i Martí, fue arrebatada por el régimen franquista para concluir convirtiéndose en residencia de verano "para el disfrute de unos pocos cargos militares".
El edificio, por otra parte, está más que acreditado que “no tiene ninguna función para las competencias propias del Servicio de Defensa” y que el Junta de Llavaneres lleva décadas reclamando. La lugar de la documentación que ha confirmado su cesión al municipio de 1936, y los motivos por la que se hizo, ha terminado por apresurar la demanda.
La portavoz republicana en el Senado ha recogido el guantelete del Servicio de Defensa deseando que "las palabras y la voluntad expresadas sean positivas" y que se pueda salir a un acuerdo con el Junta de Sant Andreu “para que este traspaso se haga verdad tan pronto como sea posible”. El Junta de Llavaneres iniciará las negociaciones con los responsables ministeriales el próximo mes de enero.
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