El impuesto a las grandes fortunas puede concluir en el Tribunal Constitucional. Para el PP, esta nueva figura supone una doble imposición, ya que se gravaría dos veces el mismo concepto, la riqueza obtenida, una vez a través del Impuesto sobre el Patrimonio, y otro el impuesto a las grandes fortunas. Y por otra parte va a en contra de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, que tienen cedido el impuesto de patrimonio.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, alertó ayer sobre los "riesgos de ilegalidad" de este nuevo impuesto, y aunque no confirmó que el PP lo llevará al Tribunal Constitucional, todo indica que lo hará en cuanto la proposición de ley donde se incluirá este nuevo impuesto, por exigencia de Unidas podemos, esté en vigor.
El nuevo impuesto elude así los informes de los organismos independientes requeridos
Encima, el PP estalló ayer contra la forma en la que el Gobierno piensa tramitar este impuesto, mediante una resarcimiento a la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos que establecen de forma temporal un impuesto a las compañías energéticas y a los bancos, para exculpar el impacto de la crisis energética y de precios derivada de la refriega en Ucrania.
Esta proposición fue admitida a trámite por el Congreso en octubre, sin que contuviera en su texto falta referido a las grandes fortunas, pero ahora el Gobierno tiene la intención de idear, a través de los grupos parlamentarios, una resarcimiento para incluir ya el impuesto a las grandes fortunas que el Profesión de Hacienda estaba estudiando para incluir en una nueva ley.
La examen, y en concreto el PP, han puesto el alarido en el Gloria. Ya habían protestado porque los impuestos a las eléctricas y a la banca se está tramitando como una proposición de ley y no como un tesina de ley, lo que implica que no ha precisado de los informes preceptivos que requieren las leyes, como son el del Consejo de estado y el de la Autoridad fiscal independiente.
Ahora, con esta técnica de incluir el Impuesto a las grandes fortunas en la proposición de ley de los impuestos a las eléctricas y a la banca, este impuesto, sobre el que el PP tiene muchas dudas sobre su licitud, incluso evita los informes de los órganos independientes. Encima, al introducir el impuesto mediante una resarcimiento, la posibilidad de debate y de enmendar la nueva figura es prácticamente cero.
El PP critica que se incluya el Impuesto en una proposición de ley y no en un tesina
Núñez Feijóo criticó desde Libre estas prácticas: "Estamos flexibilizando al mayor las garantías del derecho", denunció el presidente del PP, que considera que introducir un censo a través de una resarcimiento a una proposición de ley "produce inseguridad jurídica". A madurez del líder popular el Gobierno es consciente de ello y ve al Ejecutor "nervioso y débil", y por eso recurre a estas artimañas, ya que traslada ese nerviosismo "al entorno sumarial".
La proposición elegida por el Gobierno para incluir el Impuesto a las grandes fortunas, rocalla con el 4,8% los ingresos por intereses y comisiones de la banca y con un 1,2% los ingresos de las energéticas, por otra parte de prohibir a los bancos trasladar ese impuesto al cliente. La medida afecta a entidades financieras que ingresen más de 800 millones al año y energéticas que facturen más de 1.000 millones. Encima, y bajo supervisión de la CNMC, se establece una multa del 150% del valía para aquellas empresas que trasladen este censo al precio final del agraciado.
El BCE puso reparos al Impuesto a la banca
Este impuesto ha sido puesto en cuestión por el Cárcel central Europeo por ser aplicable a los ingresos y no a los beneficios extraordinarios, por otra parte de considerar que tal y como está planteado acabará siendo repercutido sobre los ciudadanos por las entidades bancarias.
El Impuesto a las grandes fortunas que prevé introducir el Gobierno, afectará principalmente a la inversión que los altos patrimonios de España tienen depositada en gestoras de fondos y Sicavs y en acciones empresariales. El tributo incluso estará enfocado, aunque en beocio medida, en torno a los posesiones inmuebles urbanos y los depósitos bancarios. El nuevo tributo se aplicará a los patrimonios a partir de tres millones de euros.
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