La Sala de lo Penal de la Audiencia Doméstico (AN) ha confirmado el procesamiento de Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconsejero del PP, por el conocido como cártel del fuego, al que el árbitro instructor ha propuesto establecer por los presuntos amaños en contratos para la agonía de incendios.
Así, los magistrados han rechazado un medio de Castellano al considerar que las "maniobras" que se le atribuyen tienen la "apariencia" de "sobrevenir servido para realizar las alteraciones" en los "procesos de contratación y adjudicación investigados".
Los magistrados han rechazado un medio de Castellano
En un utilitario al que ha tenido llegada Europa Press, la Sala recuerda que el árbitro instructor, al procesar a un total de 32 personas entre empresarios de la navegación aérea, autoridades o funcionarios, describió prácticas "con actitud de beneficio" para "alterar los términos de la frecuente concurrencia en los procesos de contratación y adjudicación pública", corrompiendo mediante presuntos sobornos.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha solicitado 21 abriles de prisión para el exdelegado del Gobierno y 'exconseller' valenciano del PP en Gobierno y Honestidad, que había recurrido pidiendo el archivo o, de forma alternativa, que se le tomara confesión por hechos que se le imputan pero que él dice que sobre ellos no se le ha preguntado.
El árbitro García Castellón explicó que los integrantes del 'cártel del fuego' habrían actuado indebidamente incrementando el consumición en cortesía de las personas y empresas concertadas
A esto, los magistrados responden que esa petición es "improcedente": "Resulta que conoce los hechos que se le imputan y que es innecesaria la diligencia que interesa, pues estando todos estos expedientes a su disposición, no interesó retornar a determinar y se opuso en varias ocasiones a la prórroga de la instrucción".
En junio, el árbitro García Castellón explicó que los integrantes del 'cártel del fuego' habrían actuado indebidamente incrementando el consumición en cortesía de las personas y empresas concertadas; permitiendo prórrogas o modificaciones contractuales; aprobando facturaciones, o favoreciendo a determinadas personas y entidades.
Serafín Castellano detenido en un coche policial de su casa de Benisanó.
Solo al ex detención cargo valenciano, y sin que eso agote todas las dádivas entregadas, se le realizaron, según concretó el árbitro y tomando nada más en cuenta el ámbito de las actividades cinegéticas, regalos por coste no inferior a 163.736,02 euros.
Los empresarios y sus compañías se habrían repartido geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector, así como los procedimientos concretos de contratación, incluso mediante progresivas reuniones en las que preestablecían qué sociedades concurrirían, en qué zonas de influencia y las sucesivas compensaciones y liquidaciones económicas interiormente del propio cártel.
Los empresarios y sus compañías se habrían repartido geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector
García Castellón destacó que estos presuntos amaños se habrían producido no solo en España sino además en otros países, así como que en ocasiones habrían propiciado que algún concurso quedara desierto, generándose así un incremento posterior del precio de oferta en el procedimiento sección sin publicidad.
Y precisó que, según los informes de la Intervención Militar de la Dependencia del Estado (IGAE), solo en la Comunidad Valenciana, donde se han constatado las principales infracciones, con sujeción a la monopolio concurrencia de AVIALSA --vinculada al investigado principal, Vicente Huerta Domínguez-- y ocasionalmente UTES en las que se integraban otros investigados, entre 1999 y 2017 se concertaron contratos por un total de 151.585.386,22 euros.
La presunta corrupción de los funcionarios y autoridades intervinientes en estos procesos de contratación se hacía con la entrega de dádivas o regalos
La presunta corrupción de los funcionarios y autoridades intervinientes en estos procesos de contratación se hacía con la entrega de dádivas o regalos, lo que habría derivado en "una sistemática concierto de reproducción de actitudes clientelares en el ámbito de la agencia interviniente en el sector".
En concreto, según el árbitro, se ha comprobado que, en el ámbito contractual de la Comunidad Valenciana y Cataluña, el camarilla de entidades o sociedades vinculadas con AVIALSA realizó por diversos medios, en cortesía de funcionarios o autoridades, entregas de metálico o regalos como vehículos, cacerías, armas de fuego y accesorios, relojes y joyas o estancias en establecimientos hoteleros.
Para el titular del Curia Central de Instrucción Número 6, los hechos podrían constituir delitos de cohecho; ordenamiento criminal; perturbación de precios en concursos o contratación pública; falsedad documental; malversación de caudales públicos; prevaricación; asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; y tráfico de influencias y exacciones ilegales.
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