La maniobra del PSOE para descontar el delito de malversación va a traer consecuencias políticas, públicas y jurídicas. A pesar de que desde la bancada socialista se ha intentado defender que esta modificación no va a beneficiar a los corruptos, el principal vaivén de esta lucha, la Fiscalía Anticorrupción, cree que los mercancía van a ser "perversos", tal y como reconocen fuentes del área que dirige Alejandro Luzón.
Según los planes del Gobierno, la reforma podría mantenerse aprobada la semana una vez votada en el Senado. Las consecuencias podrían ser prácticamente inmediatas, tal y como sostiene Anticorrupción.
Para asomar, uno de los casos que se van a ver afectados en el conocido como la Operación Kitchen. Los principales encausados, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y su ex número dos Francisco Martínez, se van a ver beneficiados con la reforma, tal y como han agradecido fuentes fiscales, porque ahora se deducción la pena para el delito de malversación cuando no haya un beneficio personal.
En este caso concreto, Anticorrupción acusa a la cúpula de Interior de utilizar fondos públicos para orquestar una operación para robar documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas, y cuyo contenido podría implicar al presidente del Gobierno de entonces Mariano Rajoy en una financiación ilegal del partido.
Según estas fuentes, el escrito de delación está ya preparado a la dilación de que desde la Audiencia Doméstico entregue una documentación necesaria. Sin bloqueo, si ésta no llega antiguamente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del nuevo articulado del delito de malversación, se verían obligados a modificar la delación.
Anticorrupción alerta que la reforma va a exigir a revisar condenas ya impuestas, como ya ha ocurrido tras la aprobación de la ley del sí es sí, en el caso de condenados por abusos o agresiones sexuales.
Pero las consecuencias van a tener mayores tentáculos. Según fuentes fiscales, adicionalmente de la deducción de las penas, podría afectar a las multas y responsabilidades civiles que todavía no han sido satisfechas. Esto supone, que se van a tener que sujetar.
Y a eso se añade otra tercera deriva, que es las prescripciones de los delitos. Anticorrupción ya maneja datos sobre posibles archivos de causas al estar reducidos los abriles de prescripción, que les va a exigir a dejar de investigar ciertos asuntos.
Con todo ello, fuentes de Anticorrupción apuntan que la reforma es apresurada porque no ha contado con los informes preceptivos del CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal, que podrían acontecer alertado de estas consecuencias y haberlas tenido en consideración.
Igualmente sostienen que texto es "confuso" y que, a pesar de la remedio transaccional anunciada, la malversación como sucursal desleal no queda exactamente igual a como estaba.
Sobre la posibilidad de apelar sentencias firmes, a pesar de que el Gobierno defienda que existe una disposición transitoria que lo impide, estas mismas fuentes señalan que no se puede olvidar la retroactividad penal a auxilio de reo. En todo caso, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.
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