Los vocales conservadores del Consejo Caudillo del Poder Sumarial (CGPJ) han predilecto a los magistrados del Tribunal Supremo César Tolosa y Pablo Lucas como sus candidatos para el Tribunal Constitucional. Lo han hecho en una nueva petición de pleno extraordinario al presidente del Consejo, Rafael Mozo, que culmine los nombramientos al tribunal de garantías con las reglas vigentes.
Este martes, Mozo rechazó la petición de los vocales conservadores de convocar este pleno extraordinario, porque no habían aportado los nombres de los dos candidatos conforme a las reglas pactadas. Fuentes del monolito conservador reconocieron a EFE que "es cierto que hay un defecto formal" porque de acuerdo a las reglas del procedimiento fijadas el pasado 8 de septiembre "había que aportar nombres y eso no se hizo" el pasado viernes.
Reiteran su petición de convocar el pleno
Por ello, este miércoles se han reunido y han registrado un escrito que reitera la petición de convocar un pleno extraordinario y añade sus candidatos: el presidente de la Sala de lo Contencioso-Oficinista del Supremo, César Tolosa, y el magistrado de esta misma Sala Pablo Lucas, a quien prefieren en vez de a José Manuel Bandrés, porque ven en él un perfil próximo al Gobierno.
Es la primera vez que el monolito conservador desvela al fin los nombres de sus aspirantes aunque está por ver ahora cómo reaccionan los progresistas toda vez que recientemente respaldaron a Bandrés como su candidato, pese a las presiones de los conservadores.
Plazo prevista: 22 de diciembre
Lo que está claro, según indican fuentes jurídicas a la agencia Efe, es que ese pleno extraordinario se va a celebrar "seguro antaño del 22 de diciembre", que es cuando está fijado el pleno ordinario que iba a sufragar los nombramientos y que podría coincidir con la tramitación, ya en el Senado, de la reforma permitido de PSOE y Unidas Podemos que examen desarmar la logística de incomunicación de este mismo colección que impide la renovación del TC.
Los partidos que sustentan el Gobierno han introducido unas enmiendas a la reforma del Código Penal que establecen un mandato imperativo con un calendario para la renovación de los dos magistrados del TC que competen al Consejo y que abre la puerta a responsabilidades penales a aquellos vocales que incumplan la ley, como ocurre actualmente.
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