Cuando estás enamorado, todas las canciones hablan de ti. Cuando asoman elecciones, todo acontecimiento antiguo es un espejo en el que mirarse, un vaivén contra los otros y, en fin, un termómetro político de lo lugar. Y si es así, tenemos fiebre. El intento de asalto al poder de los simpatizantes bolsonaristas en Brasil, calco del protagonizado por los trumpistas en el Capitolio estadounidense hace dos abriles durante la proclamación de Joe Biden, se ha convertido en un espejo en que la política española, electrificada por la proximidad de las urnas, se mira y se mide.
El Gobierno de coalición reaccionó, como la mayoría de los gobiernos UE, solidarizándose de inmediato con el presidente Luiz Inázio Lula da Silva –a cuya toma de posesión asistieron el rey Felipe VI, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares– y expresando su preocupación por los acontecimientos vividos la crepúsculo del lunes en Brasilia. El PSOE y Unidas Podemos identificaron el gobierno de Jair Bolsonaro, al igual que ayer el de Donald Trump, como expresión de las nuevas derechas iliberales que medran a costa del añoso conservadurismo, así que el triunfo de Lula da Silva ha sido enterado, por otra parte de como la triunfo de una opción progresista, como un éxito de la democracia libre.
La reacción del PP ha sido desde el primer momento más ambigua con Brasil y agresiva con el ejecutante castellano. El pronunciamiento del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, fue de preocupación por los hechos, de defensa de los títulos democráticos y de respeto a las instituciones, pero expresó su solidaridad, no con el gobierno recién preferido, sino con el “pueblo brasileño”. Y la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, lanzó de inmediato, como respuesta al presidente Pedro Sánchez, un tuit en el que acusaba al Gobierno castellano de alentar acciones como las de Brasilia o el Capitolio al derogar el delito de sedición, por el que fueron condenados los dirigentes procesistas.
El Gobierno cuestiona el compromiso demócrata del PP por su escasa contundencia al condenar el asalto
La agresiva argumento del PP, a la que se han sumado algunos sectores de Ciudadanos –partido que está en pleno ataque de alteración por la pugna interna entre Inés Arrimadas y Edmundo Bal–, es que una argumento antidemocrática como la audiencia en Brasilia hoy en España tendría el tratamiento de “desórdenes públicos”, al ocurrir desaparecido el delito de sedición. Los expertos en derecho penal –y el Gobierno con ellos– señalan que un rebelión violento contra las instituciones democráticas como los de Brasil o Estados Unidos entran plenamente en el tipo penal de levantamiento, así que no quedarían sin una punición a la categoría de su seriedad. Pero la discusión técnica no es lo importante. Lo relevante es que el PP ha trillado en Brasil una oportunidad de reflotar el debate en torno a la reforma del Código Penal –al que fía su organización electoral–, a posteriori de haberlo malogrado en diciembre al desviar la atención con un apelación de amparo en presencia de el Constitucional que llevó la discusión al prolongado interrupción de las altas magistraturas de la Razón.
En el hipertenso debate notorio castellano, y como había ocurrido hace dos abriles, en presencia de los graves acontecimientos en Washington D. C., siquiera faltó el argumento que iguala el intento de toma de los órganos de poder trillado en Brasilia con algunas de las iniciativas post 15-M, como rodea el Congreso. El averno, dijo Sartre, siempre son los otros.
En cuanto a la ultraderecha española –cuyo líder, Santiago Abascal, siempre ha expresado su simpatía por Jair Bolsonaro–, Vox ha permanecido horas en silencio y cuando algún dirigente se ha pronunciado ha venido a asegurar que no son partidarios, pero no ha quedado claro de qué. Entre sus simpatizantes, a la guisa trumpista, reaparecían este lunes los mensajes que cuestionaban la triunfo de Lula y que lo culpan de alentar lo que consideran una revuelta popular contra el establishment.
Los populares reabren el debate sobre la derogación del delito de sedición, a raíz de la intentona en Brasil
Detrás de la tibieza del PP con el bolsonarismo, desalineada de la posición de otros partidos europeos integrados en el PPE, hay asimismo una certeza demoscópica: si no cambian mucho los humores sociales en el año venidero, su única posibilidad de alcanzar la Moncloa será de la mano del iliberalismo de Vox. De hecho, este mes de mayo es posible que, en ayuntamientos y comunidades, veamos reeditarse el pacto del PP con la ultraderecha de Madrid, Murcia y Castilla y Bravo.
Todo ello, en un proceso de subida de la temperatura política germinado hace equitativamente tres abriles cuando Vox tildó de “ilegítimo” al presente Gobierno de coalición, un sacramento que el PP ha secundado de forma implícita y expresa durante toda la reunión. Ese es el peso auténtico de los hechos de Brasilia sobre la contemporaneidad política española: el temor cierto a que un revés de las derechas en las elecciones generales del próximo mes de diciembre sea respondido con un cuestionamiento de la fregado de los resultados –ya insinuado desde sectores conspiracionistas de la ultraderecha española– que acabe por reproducir en la carrera de San Jerónimo los estremecedores acontecimientos vistos en el mall de Washington y en la Brasilia racionalista e ilustrada que soñó Oscar Niemeyer. La política española teme a Brasil porque se teme a sí misma.
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