La ley de Vivienda encara una semana importante. Para algún familia parlamentario, decisiva. El Ocupación de Transportes ya cuenta con un paño para someter a votación en el Congreso este mismo mes de enero, si llegara el acuerdo, con algunas modificaciones importantes al tesina de ley que salió del Consejo de Ministros en febrero de 2022, como la prohibición de los desahucios para familias vulnerables. Pero sigue habiendo un escollo importante, que afecta a la tapia de los alquileres para los nuevos contratos que se firmen. Ahí se encuentra la principal diferencia que se va a intentar solucionar en una reunión a varias bandas en el hemiciclo.
Transportes, ocupación proponente de la norma, ha convocado a los principales socios del Gobierno a esta cita. El objetivo es cerrar un acuerdo con los responsables técnicos del sección ayer de elevar la norma a la ministra Raquel Sánchez. La previsión es que en esta cumbre participe David Lucas, secretario universal de Dietario Urbana y Vivienda, y Javier Martín, director universal de vivienda y suelo. Al otro flanco de la mesa se sentarán ERC y EH Bildu, partidos imprescindibles para que el tesina de ley permitido ya hace un año no decaiga.
Enero es el mes básico. Hay cierta prisa por ambas partes por cerrar un acuerdo ayer de encarar, unos partidos y otros, la campaña de las elecciones autonómicas y municipales. Existe, por consiguiente, un problema de tiempo. Pero todo puede irse al traste oportuno a que los socios del Gobierno ya han proclamado que prefieren que no se apruebe la primera legislatura estatal de vivienda de la democracia a que se alumbre “una mala ley”.
El principal aspecto donde no hay acuerdo es en la ampliación de la intervención de los alquileres en los nuevos contratos. Para ERC y EH Bildu es un artículo esencial que debería incorporarse en la ley. Y Transportes está estudiando si amplia dicha tapia de los precios, siempre en zonas de mercado tensionado. Es asegurar, el punto central se encuentra en la posibilidad de ofrecer a comunidades y concejo la posibilidad de topar o humillar los arrendamientos en caso de nuevos acuerdos para arrendamiento una vivienda o un recinto.
Los socios del Gobierno argumentan que los propietarios podrían utilizar que no todos los alquileres estarían regulados para retirar del mercado una vivienda y, a continuación, incorporarla con una subida de precio. Hay alguna opción para que dicha regulación en los nuevos contratos afecte solo a grandes tenedores de vivienda, pero los socios del Ejecutante presionan para que la medida incluya a los pequeños. Fuentes socialistas se limitan a rebuscar que están “estudiando fórmulas” para alcanzar un acuerdo lo ayer posible.
En lo referente a los contratos de arrendamiento en vigor, Gobierno y socios han aceptado que en el caso de pequeños propietarios, los precios se congelen y, en el caso de grandes tenedores, a partir de diez propiedades, se puedan humillar hasta un índice de narración. Las bonificaciones en el IRPF, que pueden venir al 90% para los dueños más modestos por rebajas de precios voluntarias, se mantienen intactas
Donde la negociación se encuentra prácticamente cerrada es en prohibir cualquier desahucio sin alternativa habitacional que afecte a una grupo en situación de vulnerabilidad. En ese caso las administraciones estarán obligadas a ofrecer esa vivienda alternativa a los afectados por el alzamiento. El principal partido del Gobierno asimismo acepta una reducción de la vacatio legis de la ley de Vivienda desde los 18 meses fijados a día de hoy.
Últimas negociaciones
Para ERC la ley de vivienda es esencial para poder fijar un entorno justo en Catalunya
Para ERC la ley de vivienda es esencial para poder fijar un entorno justo estatal que dé amparo a la norma autonómica en vigor en Catalunya y que fue recurrida por el Gobierno en presencia de el TC, aunque no pidió la suspensión cautelar. Se alcahuetería de una norma que, en la destreza, se encuentra en un corona porque se encuentra a la calma de la audacia del Constitucional.
La negociación encara su recta final mientras los grandes propietarios de vivienda avisar de asistir a los tribunales para exigir responsabilidades patrimoniales por una ley que, si acaba entrando en vigor, entienden que perjudica a los particulares. Asval, la patronal liderada por Joan Clos, exministro socialista y exalcalde de Barcelona, es la principal punta de venablo contra la norma. En las negociaciones entre grupos parlamentarios se ha citado que la amenaza de asistir a los tribunales por parte de esta asociación es uno de los motivos por lo que Transportes averiguación un abrigo de la legislatura.
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