La aprobación de la Ley de Memoria Democràtica el pasado mes de octubre ha permitido la restauración de muchos nociones opacados durante el franquismo. Con ella, sin requisa, han surgido algunas polémicas, como la de varios pueblos de Catalunya a los que se les ha requerido un cambio de nombre para recuperar el que tenían, según el Senado, ayer de la dictadura.
La petición ha surgido a través del senador Carles Mulet, del Especie parlamentario Izquierda Confederal. Con su requerimiento se pidió a los municipios de Capmany, Lladó, Rialp y Cabacés que dejen antes “la toponimia oficial no norma” para ajustarse a la Ley de la Memoria Democrática. Según señala la ley de Política Filología catalana, aprobada el 1998 y recogida por el Institut d’Estudis Catalans, los pueblos del Alt Empordà (Girona) Capmany y Lladó deberían llamarse Campmany y Lledó; en el Pallars Sobirà (Lleida), Rialp debería adoptar el nombre de Rialb; y en el Priorat (Tarragona), Cabacés pasaría a ser Cabassers.
El Institut d'Estudis Catalans ocupa las dependencias de la antigua Casa de Convalescència del Hospital de la Santa Creu
La propuesta ha aupado polémica en algunos casos, incomprensión en otros y hasta indignación entre alguno de los alcaldes afectados por los supuestos y propuestos cambios.
El corregidor de Rialp, Gerard Sabarich, tilda este requerimiento por parte del Senado de “vergonzoso” porque considera que se entromete en la voluntad y la autonomía municipal para denominarse como deseen sus ciudadanos, dejando adivinar que harán caso omiso a esta petición “porque es poco que no preocupa absolutamente a nadie en la pueblo”, asegura. Delante la polémica, Sabarich afirma, elocuente, que "no va a hacer carencia" porque "no hay caso ni tema". "Alguno desde fuera y que tiene demasiado tiempo vacuo nos está haciendo perder el nuestro en cosas que no tienen ningún tipo de sentido", exclama, recordando, por otra parte, que solo plantearía un cambio de nombre si hubiera aplauso popular, "y no la hay".
Y de legalidad no le desidia al primer munícipe de Rialp, porque el decreto de la Generalitat de Catalunya 139/2007 de 26 de junio, reconoce en su artículo 2 que “la denominación de un municipio solo se puede cambiar si así lo concede su junta”.
Joan Fuentes, corregidor de Capmany, ve con perplejidad este asunto porque su municipio ha ido alterando su denominación a lo prolongado de la historia, aunque con una veterano presencia de la forma presente. En este sentido, el presidente de la Corporación municipal defiende que el nombre de Capmany ya se utilizó mucho ayer de que Franco se sublevara: “Existe documentación del año 1291 donde se recoge la forma Capmany”, confiesa Fuentes.
De hecho, el corregidor recuerda que en 1984 su junta ya alegó sobre este tema a la Generalitat de Catalunya, donde se expuso el uso indistinto de las versiones Capmany i Campmany, por lo que el Departament de Governació aceptó el nombre presente. De modo que, para el representante municipal, la denominación de la población es correcta y se ajusta a la norma filología, por lo que no creen estar cometiendo ninguna irregularidad. “Aquí no defendemos ningún topónimo franquista, sino el nombre que nuestro pueblo ha tenido durante buena parte de su larga historia”, añade Fuentes.
Poco parecido ocurre en Cabacés donde el apelativo presente ha ido compaginándose con la interpretación catalana de Cabassers, en entreambos casos con una pronunciación similar. “Cuando surgió este movimiento encabezado por la entidad cabassers.org decidimos iniciar un proceso de billete para informar a la ciudadanía del origen de nuestro nombre y de las variantes que ha ido sufriendo a lo prolongado del tiempo”, explica Jaume Pujals, corregidor de la pueblo.
En este sentido, el responsable municipal reconoce que la población tiene sentimientos encontrados respecto al topónimo, “porque, por un flanco, ven que están usando una forma no norma, pero por otra es el nombre que siempre han utilizado y hay ahí un componente sentimental muy arraigado”. Desde el inicio de esta controversia se planteó la posibilidad de realizar una consulta popular para acechar qué opinan sus vecinos sobre cómo debe escribirse el nombre del pueblo.
En Lladó siquiera nadie está por la faena de cambiarlo. La documentación histórica que se portero en este municipio del Alt Empordà, demuestra que Lledó y Lladó fueron versiones de un mismo nombre que además se alternaron a lo prolongado del tiempo, por lo que, para la ciudadanía, su nombre presente es totalmente válido. Lo que parece privar menos es la idea de añadir el patronímico “d’Empordà”, tal como se sugiere en la interpretación del Institut d’Estudis Catalans.
En la contemporaneidad, diez municipios catalanes constan en el registro de entes locales con un topónimo oficial pero no normativo. A estos cuatro municipios que han recibido el requerimiento del Senado, se les suman Castell-Platja d’Aro, Figaró-Montmany, Forallac, Massanes y Navàs, que según la entidad que vela por el correcto uso de la toponimia catalana, deberían denominarse: Castell i Platja d’Aro, Figaró i Montmany, Vulpellac, Fonteta i Peratallada, Maçanes y Navars.
Vistas desde las pistas de esquí de Port Ainé en el municipio de Rialp.
Los alcaldes requeridos por la misiva del Senado ven con sorpresa que el nombre de sus municipios figure próximo a otros que sí tienen una clara mención al franquismo, como Alberche del Caudillo, Llanos del Caudillo, Villafranco del Guadiana o Villafranco del Guadalhorce.
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