Un tribunal de Barcelona ha admitido a trámite una querella contra la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y la tinent d'corregidor d'Urbanisme, Janet Sanz, por un delito urbanístico y uno de malversación por las superilles o ejes verdes del Eixample, según ha podido conocer el ACN.
La querella la interpusieron el arquitecto patrón del consistorio en la época del corregidor Pasqual Maragall, Josep Antoni Acebillo, y los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas, a los pocos días de que la fiscalía archivara las denuncias de los mismos querellantes y la plataforma Salvem Barcelona. Reclaman la paralización cautelar de las obras para "evitar la plena culminación" de los delitos y por los perjuicios que pueden causarse, que cifran en más de 100 millones de euros.
Hasta el momento, el magistrado sólo ha aceptado a trámite la querella y ha pedido cierta documentación, pero todavía no ha fijado época alguna para ninguna testimonio de investigados o testigos. Siquiera ha dictado ninguna medida cautelar.
En el escrito, recalcan que se prostitución de "una infracción reglamento manifiesta de la ley del suelo que puede tener artículos devastadores", tanto para particulares, como comercios en normal, e incluso gestar "problemas de accesibilidad" en los propios domicilios de servicios básicos". A su prudencia, asimismo afecta al tesoro divulgado, "porque sólo el concepto de inicio del asfalto y su eventual reposición" supondría unos gastos de 100 millones de euros.
La querella asimismo se dirige, de forma normal, contra todos los miembros de la comisión de gobierno del Concejo que votaron a patrocinio de la aprobación definitiva de los proyectos ejecutivos de reurbanización vinculados con los ejes verdes del Eixample en la sesión de 26 de mayo de 2022, aparte que hubieran efectuado reserva al emitir su voto sobre la legitimidad de los acuerdos. En este aspecto, se añade a los funcionarios que hayan informado favorablemente con informes técnicos sobre las supermanzanas.
Acebillo y los dos abogados aseguran en el texto que para la realización de una colocación de este espacio divulgado, en la forma establecida por estos ejes, es necesaria previamente la modificación del Pla Caudillo Metropolità (PGM).
En la querella se expone que el Concejo de Barcelona aprobó unos acuerdos sobre "proyectos ejecutivos de reurbanización del ámbito en torno a la nueva plaza situada en el cruce de los nuevos ejes verdes", que hacían relato a la calle Consell de Cent , entre la calle Vilamarí y el paseo de Sant Joan, así como en otras calles transversales entre la Diagonal y la Gran Via, una operación integrada en el Software Superilla Barcelona. A través de estos acuerdos, relata, "se están transformando sustancialmente, por no aseverar eliminando, unas vías públicas esenciales de la ciudad".
El escrito añade que se está promoviendo "un cambio radical a la vialidad y al sistema de movilidad" en el centro de la haber catalana, "eliminando por la vía de hecho la circulación de vehículos en las calles afectadas". Pese a esta trascendencia y "su evidente impacto" en las personas, posesiones y negocios, este esquema se ha tramitado como si "se tratara de simples obras ordinarias de colonia, ignorando las implicaciones urbanísticas que esta osadía tiene" y que " obligaban a una previa o simultánea modificación del planeamiento urbanístico válido, concretamente del PGM”. Recalcan que la comportamiento municipal asimismo "contraviene" la ley del suelo que reserva a los PGM el "trazado y las características de la red viaria".
Por otra parte, critican la osadía de la fiscalía de catalogar las diligencias de investigación que se abrieron a raíz de su denuncia y exponen que el empleo divulgado "se ha escaso durante 10 meses de supuesta tramitación" a "efectuar una pseudoindagación jurídica", pidiendo al propio Concejo de Barcelona, en concreto Janer Sanz, que informara sobre las razones que motivaban la implantación de las superilles del Eixample. "Es aseverar, que en ocupación de recibirle testimonio en condición de denunciada, el fiscal le pide que elabore un noticia legal, que evidentemente no da ninguna explicación, no es otra cosa que un alegato autoexculpatorio", lamenta. La fiscalía asimismo pidió un noticia a la Generalitat.
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