A partir de hoy jueves, perseguir a las mujeres en la entrada de las clínicas donde se interrumpe el vergüenza o al personal de los centros es en España un delito, que se podrá penalizar con entre tres meses y un año de prisión o entre 31 y 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Así lo señala la ley que entra en vigor, aprobada el pasado día 6 y publicada ayer en el BOE.
La ley, que modifica el Código Penal, añade un artículo (172 cuarto) que pena “obstaculizar el deporte del derecho a la interrupción voluntaria del vergüenza”; tanto perseguir a la mujer que va a impedir como a los trabajadores de la clínica. Estos “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos” son “una constante” desde que se despenalizó en España el frustración en 1985, dice la norma.
Desde que se impulsó la ley del frustración del 2010 (por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero) han aumentado las concentraciones en las puertas de las clínicas, organizadas por grupos ultracatólicos para obstaculizar los abortos –para rezar dicen algunos de ellos–, explica José Antonio Bosch, asesor procesal de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Entorpercimiento (Acai).
Suelen dar a las mujeres folletos, estampas religiosas o muñecos que simulan fetos o bebés, pero a veces hay insultos y hasta se llega a agresiones físicas y destrozos en los edificios, como tirar huevos o pintura o romper cristales, agrega. El acoso empezó en clínicas de Madrid, donde es más intenso, pero se extiende a más ciudades, desde Málaga hasta Barcelona o Albacete, entre otras.
La norma considera este hostigamiento como una forma de violencia de clase
La ley cita un documentación de Acai del 2018 en que se entrevistaron a 300 mujeres que acudieron a impedir y el 89% dijo que se había sentido acosada y un 66%, amenazada. La reforma justo rebusca “proporcionar seguridad jurídica” a las mujeres que quieren interrumpir su vergüenza y a los profesionales de las clínicas y considera el delito parte de la violencia por razón de clase.
Por esto, Bosch valora que “la ley refleja que la sociedad va teniendo más sensibilidad frente a ciertas conductas” y no ve justificada la queja de sectores que dicen que ya existía el delito de coacción, por ejemplo, y no era necesario incluir en el Código Penal este hostigamiento específico.
En el texto se ven imprescindibles las zonas de seguridad pero no se regulan
La nueva ley señala que este acoso amenaza la confidencialidad, la rescatado valor y el derecho a un frustración seguro de las mujeres, pues quienes lo practican buscan influir u obstaculizar su valor.
La norma considera “imprescindible una zona de seguridad en torno a de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del vergüenza” para respaldar esa intimidad, seguridad y los derechos de las usuarias. Recuerda que el Defensor del Pueblo ya valoró positivamente esta propuesta. Sin secuestro, en este texto justo no se prevén estas zonas seguras en torno a de las clínicas, que estas preferirían que ya se hubieran gestor, como se ha empezado a establecer en algunos países.
El sector “valora positivamente la ley, pero se considera insuficiente; habrá que conseguir sentencias en los tribunales y no es realizable”, señala Bosch. Recuerda que muchas mujeres que han abortado no quieren a posteriori tener que ir a un sumario por el acoso sufrido. No obstante, la ley prevé que no sea necesaria la denuncia de la agraviada para perseguir el delito.
Incluso señala que en casos graves o recurrentes, se podrá castigar al autor del hostigamiento “prohibiéndole personarse a determinados lugares” durante un plazo de entre seis meses y tres primaveras. O se podrá castigar por el delito de acoso y otro de coacción u otros.
No será necesario que la mujer presente denuncia para perseguir el delito
Bosch duda que la reforma justo y la de la ley del frustración que prepara el Empleo de Igualdad paren la “potente corriente ideológica que hay para bloquear el frustración”, más correctamente teme lo contrario. Aunque aplaude la idea de Igualdad de eliminar el plazo de tres días de consejo que impone la ley para la mujer que quiere impedir, que encuentra “paternalista”.
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