Posteriormente de que el Centro Franquista de Inteligencia haya obligado, aunque sea por vía interpuesta en una filtración a El País, que ha realizado espionaje con el software Pegasus pero siempre con autorización sumarial y de forma individualizada, el independentismo catalán y vasco así como Unidas Podemos, Más País, Compromís y BNG han escrito a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de cuyo sección depende el organismo, como mayor responsable del denominado Catalangate, el espionaje masivo a líderes y activistas independentistas y a su entorno revelado la semana pasada por The Citizen Lab.
En las habituales ruedas de prensa del martes en el Congreso los partidos independentistas han considerado insuficientes las medidas que el Gobierno está poniendo sobre la mesa para reponerse la confianza al menos de ERC y del PDECat, socios parlamentarios habituales, y en pequeño o maduro medida han personalizado en la ministra de Defensa la aceptación de responsabilidades. Adicionalmente, los partidos soberanistas así como Unidas Podemos, Más País y Compromís leyeron este martes en el patio de la Cámara una testimonio conjunta contra el espionaje que además apunta a Robles.
"Si lo sabía tiene que dimitir y si no lo sabía tiene que dar explicaciones", ha sentenciado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha urgido al Ejecutante a hacerse cargo responsabilidades y ha vuelto a amenazar con dejarle de apoyar si no lo hace. "El único idioma que entiende el PSOE es tumbarle la dietario legislativa", ha preparado el líder republicano, quien ha obligado como "lesivo" tumbar el decreto que debe votarse el jueves de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la enfrentamiento en Ucrania. Sin retención, ha pedido trasladar la presión al PSOE alegando que "lo más lesivo en este país es que se espíe a clan porque no te gusta".
El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián (Alejandro Martínez Vélez / EP)
"Margarita Robles como responsable del CNI es la que deberá dar más explicaciones y hacerse cargo mayores responsabilidades", ha preparado el portavoz del PDECat, Ferran Bel, quien ha sido más suave en el fondo y en las formas y ha mantenido su intención de apoyar el decreto que se votará el jueves. "Las primeras reacciones son desafortunadas y fuera de punto", ha insistido Bel a cuyo querella en relación al escándalo del espionaje "no se está avanzando casi nadie". Para Bel, las informaciones en forma de filtraciones se suceden y en punto de aclarar nadie generan más confusión, desasosiego e incertidumbre".
Nogueras acusa al Gobierno de escudarse "en una ley franquista"
Sin hacer ninguna remisión a Robles, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha inculpado al Ejecutante de tratar de diluir el caso de espionaje y ha lamentado que el Ejecutante se escude “en una ley franquista” en referencia a que la honestidad ordinaria no puede investigar temas de secretos oficiales y que no se puede explicar nadie de lo se diga en la comisión de secretos oficiales. Por ello ha requerido una comisión para que haya una investigación “concorde al escándalo”, con la que se investigue “todo y a todos”, y con la que “se depuren responsabilidades y haya dimisiones”.
"¿Dónde está la ministra de Defensa y el presidente del Gobierno?", se ha preguntado la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, quien, no obstante, no ha cerrado la puerta a sufragar a valía del decreto. "Lo estamos valorando", ha dicho. En cualquier caso, Vehí ha tildado el llamado Catalangate como la punta del iceberg del Watergate gachupin, un argumento que además ha sacado a colación la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. "Nos tememos que sea solo la punta del iceberg", ha dicho para afianzar que "hay una pérdida de confianza que puede inaugurar un descolgadero porque las explicaciones ofrecidas son vagas, difusas y confusas".
Enunciación conjunta
"Los indicios apuntan a la implicación del Centro Franquista de Inteligencia bajo el control, desde que Margarita Robles asumiera el cargo, del Ocupación de Defensa, sin descartar la autoría o billete de otros organismos públicos", asegura textualmente un párrafo del manifiesto culto por turnos por los portavoces o diputados de UP, ERC, EH Bildu, Junts per Catalunya, PDeCat, CUP, Más País y Compromís (además lo firma el BNG).
Los grupos reiteran que el de Pegasus es "el maduro caso de espionaje político conocido hasta la momento" y que el software "solo puede ser adquirido por Estados y sus estamentos gubernamentales, por lo que la sospecha de la implicación del Estado gachupin es más que verosímil".
El texto denuncia que "el uso antidemocrático y sistemático del espionaje como pertrechos política contra el adversario político es un método que no debe tener cabida en un estado que se dice tolerante". Esta situación -prosigue- "debe preocupar no solo a los y las afectadas, sino al conjunto de las fuerzas democráticas y por extensión a toda la ciudadanía, en cuanto supone una evidente transgresión de derechos, especialmente en todo aquello relacionado con la seguro de la expresión democrática y billete política en sencillez como saco de un sistema tolerante."
Por todo ello, los grupos rechazan los hechos, exigen al Gobierno que depure responsabilidades y demandan al congregación socialista que permita la creación de una comisión de investigación que "avance en el esclarecimiento" sobre este caso y que "rinda cuentas con la ciudadanía y las Cortes de forma transparente y con responsabilidad".
Asimismo, exigen a la Mesa del Congreso y a su presidenta Meritxell Batet, que tome "todas las medidas oportunas para certificar los derechos de los cuatro diputados afectados por Pegasus" y que inicie una investigación interna para "poder conocer el magnitud verdadero de los posibles casos de espionaje a diputados y diputadas de esta Cámara".
Publicar un comentario