El ultimátum que impulsaban el PSC y En Comú Podem para que Junts per Catalunya volviera antaño del mediodía del miércoles al consenso para intentar amurallar la inmersión gramática quedó en papel mojado. Las negociaciones siguen abiertas. La cuestión de la sinhueso catalana es caudal para todas estas fuerzas, incluso para ERC, todos son conscientes de que no se puede prescindir de nadie y por eso el plazo de 24 horas que se anunció el martes no tuvo ningún sorpresa. Pese a dar la sensación de que las conversaciones estaban en vía muerta desde hacía días, Junts ha gastado con buenos fanales la propuesta de los republicanos de elaborar una nueva ley a propósito. Como exiguo para susurrar de ella.
Así, se ha descubierto una oportunidad para que haya acuerdo antaño de que suene el timbre. JxCat está dispuesto a transitar por esta vía. Tras semanas de discreción y ningún avance, ahora con la amenaza del calendario –el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) fijó el 31 de mayo como contorno para aplicar su sentencia que ordena impartir un 25% de las clases en castellano–, la posibilidad de hacer una nueva ley en vez de modificar el coetáneo de Política Gramática se abre camino, sobre todo posteriormente de una reunión el martes por la confusión en el Palau de la Generalitat en la que se implicaron altas figuras del Govern, como Pere Aragonès y Jordi Puigneró.
Pero no hay ausencia cerrado. Los dos socios del Ejecutante catalán negocian in extremis y socialistas y comunes esperan ver los resultados.
Igualmente, fuentes de las negociaciones apuntan que el contenido de esta nueva ley podría matar siendo conveniente parecido a lo que se pactó entre el PSC, Esquerra, JxCat y los comunes el 24 de marzo. De aquel acuerdo para enmendar la ley de Política Gramática se desmarcó Junts al lado de ocho horas.
Excepto del lado parlamentario, el Govern ultima un decreto ley de necesidad para que quede claro que en el sistema educativo catalán no caben porcentajes –un punto que puede ser conflictivo a la hora de inquirir el apoyo de los socialistas catalanes–, y que sea el Departament d’ Educació, con el conseller Josep Gonzàlez-Cambray al frente quien asuma la responsabilidad.
El articulado de este decreto ley especifica que no se admiten porcentajes, ni proporciones u otros parámetros numéricos en la enseñanza y uso de las dos lenguas. Por otra parte, el decreto ley incluso incorporaría que los proyectos lingüísticos sean validados por Educació, con lo cual la conselleria asumiría la responsabilidad sobre la derecho de los proyectos lingüísticos de cada centro, de modo que se protegería así los equipos directivos de las escuelas frente a los tribunales.
El ultimátum de los socialistas y En Comú Podem se diluye y las conversaciones siguen abiertas
El decreto llevaría encima una disposición adicional que otorgaría a dicha conselleria la atribución de asesorar en los centros en la elaboración, aprobación y revisión de los proyectos lingüísticos.
Todos estos puntos superan, según fuentes del Govern la propuesta de decreto ley que JxCat había presentado al Ejecutante de Pere Aragonès, ya que la iniciativa de los posconvergentes “se limita” a sospechar por el “silencio chupatintas” a fin de que sea el conseller de Educació quien asuma la responsabilidad de los proyectos lingüísticos.
La tercera pata es sumarial. Para probar que no se aplique la sentencia del 25% la Generalitat presentó el martes un procedimiento frente a el TSJC. Sin retención, desde el propio Govern admiten que puede tener poco trayecto.
Las tres medidas son complementarias y se pondrían en marcha en paralelo.
Todo forma parte del intento de ERC de amarrar y hacer retornar a Junts al consenso por el catalán. La formación de Puigdemont ha dicho, como la CUP, a todas horas que aquella reforma de la ley de Política Gramática no serviría para detener la aplicación de la sentencia. La vía de la nueva ley, en cambio, no les ha desagradado. Sea como fuere, esta iniciativa ha sacudido la posibilidad, hoy por hoy, de que ERC, PSC y comunes tome la directa de la reforma sin JxCat.
El PSC cree que todo esto habría sido una maniobra para evitar que se agrave la crisis entre el socios del Govern. Además los comunes lo ven así, pero el hecho es que las dos fuerzas parecen dispuestas a esperar si la dicha es buena.
El Govern prepara incluso un decreto ley que rechaza los porcentajes de uso del castellano en la escuela
Habrá que ver cuál es el resultado y la foto que quede al final de esta doble vía de impulso de ley parlamentaria y de decreto ley por parte del Govern. ERC quiere aprobar las dos; ahora se ha descubierto la opción de que Junts incluso avale la vía parlamentaria. Y depende como quede la nueva ley –si sale delante– el PSC y los comunes estarán atentos a que no modifique la esencia de lo que ya habían pactado en marzo.
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