Pegasus es un heroína desbocado. El cese de la directora del CNI, Paz Esteban, no solo no logra disipar la tormenta política desatada por el escándalo del espionaje, sino que el temporal arrecia sobre Pedro Sánchez. La polémica que amenaza el curso de la asamblea persiguió ayer al Gobierno durante toda la trayecto en el Congreso, sin ningún tornasol de flaquear.
El presidente del Ejecutor empezó por razonar la destitución de la jefa del servicio secreto, en presencia de las embestidas con las que le recibió el PP en la sesión de control. “Es evidente que ha habido un desacierto claro en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno”, alegó Sánchez como causa del cese, en presencia de el espionaje de origen desconocido acreditado por el propio CNI en su teléfono móvil y de los ministros de Defensa e Interior. Y defendió su osadía de hacer públicos y trasladar estos hechos delictivos a la Audiencia Franquista.
Sánchez se encaró ayer con el PP, en la sesión de control en el Congreso, en presencia de la ataque de la derecha
Sánchez pasó al contraataque, en presencia de la ataque del PP. “Con este Gobierno, ni los fondos públicos, ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni siquiera los servicios de inteligencia se van a utilizar para tapar hechos delictivos ni para perseguir a adversarios políticos fuera de la ley”, advirtió. Y fue al choque directo con el PP, a las puertas ya de las elecciones en Andalucía. Alberto Núñez Feijóo recogió de inmediato el mitón de la pugna partidista, a la que replicó a continuación, en una nueva subida de tensión, la vicesecretaria militar del PSOE, Adriana Laja.
La derecha clama por la cesión al “chantaje” y el indepentismo exige responsabilidades políticas al Gobierno
La dirigente socialista llamó expresamente a desvincular el dimisión en el CNI con la menester de aplacar a Pere Aragonès y a ERC, por el espionaje al independentismo que el CNI acreditó que se realizó con permiso procesal y que el Gobierno, en todo caso, asegura que desconocía, para atribuirlo en monopolio al “desacierto en la seguridad” de los dispositivos móviles del presidente y los ministros.
El problema es que todas las derechas atribuyen el cese de Paz Esteban a la menester del Gobierno de ayudar el apoyo parlamentario de ERC, como una nueva “cesión” tras los indultos a los líderes del procés encarcelados. Y el problema, asimismo, es que todo el independentismo sigue exigiendo explicaciones y depurar responsabilidades políticas, al beneficio del espionaje que sufrió el Gobierno, por el que afectó a Aragonès y al resto de dirigentes y activistas independentistas.
Cuca Gamarra (PP), Edmundo Bal (Ciudadanos) o Macarena Olona (Vox) clamaron al firmamento en presencia de el nuevo “chantaje” que asume a su causa Sánchez para reafirmarse al sillón de la Moncloa, con Paz Esteban como “chivo propiciatorio” sacrificado en el altar viejo del independentismo. Pero, al tiempo, Gabriel Rufián (ERC) denunció el “patriotismo tóxico” de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la responsabilizó, “por energía u omisión”, del “espionaje procesal” del que fueron objeto los independentistas. Y el propio Aragonès avisó que la crisis no queda resuelta, ni mucho menos, por el cese de la ya exdirectora del CNI.
Por la tarde, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, casi nada logró explicar el plan normativo del Gobierno para el año en curso, como era su pretensión en la comparecencia en presencia de la comisión Constitucional del Congreso. Todos los portavoces, a derecha e izquierda, e incluso desde Unidas Podemos, le exigieron explicaciones en presencia de “uno de los mayores escándalos de la democracia”, como lo calificó Jaume Asens (UP). “La tormenta está allí de ceder”, le advirtió Mertxe Aizpurua (EH Bildu), aunque en esta sesión no estuvo presente ERC.
Bolaños garantizó que el CNI siempre actúa conforme a derecho, que el Gobierno es el primer interesado en aclarar todo el caso Pegasus, y rechazó “acusaciones muy graves basadas en conjeturas”, sobre presuntos ilícitos de Marruecos o Israel. Incluso aprovechó para defender la hoja de ruta en Catalunya, tras una trámite del PP del conflicto que tachó de “calamidad absoluta”. “Este Gobierno trabaja siempre con arreglo a la ley. No sabemos hacerlo de otra forma”, zanjó.
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