La Generalitat lidera un frente global para evitar la desaparición de los jueces de paz en Catalunya, una figura que una nueva ley impulsada por el Tarea de Imparcialidad pretende suprimir. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, quiere que los grupos parlamentarios catalanes introduzcan una mejora a la nueva ley que permita proteger a este colectivo en Catalunya, una de las comunidades donde su implantación es veterano.
Un total de 898 de los 947 municipios catalanes cuentan con jueces de paz, cuyas actuaciones se basan principalmente en la mediación y resolución pacífica de los conflictos. Pero igualmente son competentes en ámbitos del registro civil, temas civiles o penales. “Son mediadores natos, que ayudan a la convivencia
de pueblos y ciudades”, destacó ayer Ciuró tras reunirse con una treintena de jueces de paz de la demarcación de Girona. Unos encuentros que repetirá en otros territorios hasta el 20 de junio,
plazo en la que previsiblemente terminará el plazo para presentar enmiendas a la futura ley. “Es
una figura completamente arraigada a la verdad catalana que hay que prolongar y potenciar”, señaló Ciuró, que confía que la nueva norma acabará introduciendo esa mejora que debe permitir a los jueces de paz catalanes seguir desempeñando sus funciones.
Un total de 898 de los 947 municipios catalanes cuentan con esta figura que media en conflictos
Además a algunos de ellos esta nueva ley les ha pillado por sorpresa. Es el caso de Joan Llobet, sentenciador de paz de Cadaqués desde hace siete primaveras, que ayer expresaba sus dudas frente a la pérdida por parte del ciudadano de una figura de proximidad como es esta. “No tenemos horarios, estamos localizables a cualquier hora y conocemos a la familia de nuestros pueblos; cuando determinado pira a nuestra puerta en el 99% de casos ya sabemos por qué viene”, explicó Llobet. En la misma orientación se posicionó la titular de Salt, Francesca Terrón, que igualmente se opone a la asesinato de estos jueces no profesionales. “La población quedará huérfana de un servicio notorio de proximidad muy importante, el sentenciador de paz no puede desaparecer”, indicó Terrón, que reclamó incluso más competencias que las que ahora ya tienen como que se les permita hacer conciliaciones de parejas que se quieren divorciar siempre y cuando no haya hijos en global.
Con la nueva ley, la figura del sentenciador de paz será sustituida por la oficina municipal de imparcialidad, cuyo titular será un funcionario. Una situación que, en el caso de pueblos pequeños, puede llevar un trabajo extra para otros empleados públicos como el secretario o el técnico municipal.
Al ganancia de la mejora en la futura ley, se promoverán mociones municipales, parlamentarias y la comparecencia de los jueces de paz en el Congreso de los Diputados para hacer pedagogía sobre la importancia de una figura creada en 1855 como primer peldaño de la agencia de imparcialidad.
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