El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el actual decreto-ley para circunscribir el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad, posteriormente de que la mayoría de partidos hayan mostrado su respaldo y el PP, Vox y Junts hayan anunciado su renuncia.
Este mecanismo ha recibido 197 votos favorables, 143 abstenciones -incluidas las del PP y Vox- y solo dos votos en contra, de Foro Asturias y Nueva Canarias.
La demarcación al precio del gas en el mercado eléctrico, que se empezará a aplicar el próximo martes cuando en el mercado mayorista se casen los precios para el día venidero para España y Portugal, reducirá entre un 15% y el 20% el valor de la preparación de los consumidores con tarifa regulada computados los doce meses en los que se aplicará, hasta el 31 de mayo de 2023.
La medida supondrá que el Gobierno tope el precio del gas para la gestación eléctrica a 48,80 euros/MWh y así rebajar el precio de la electricidad, que se establece por un sistema de subasta a partir del precio de gestación más elevado.
"Hogares y empresas empezarán a notar el economía en la preparación eléctrica inmediatamente. Todavía en esta crisis, proteger a la ciudadanía y al tejido productivo es nuestra máxima prioridad", ha dicho Pedro Sánchez a través de Twitter ausencia más aprobarse la medida.
Una reducción entre un 15% y 20%
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha definido el mecanismo como un "cortafuegos" para que el precio del gas, cuyo precio en los mercados se ha quintuplicado en los últimos doce meses, siga disparando los precios eléctricos, cuya media en los cuatro primeros meses de 2022 duplica a la de 2021.
Ribera ha destacado que con esta medida temporal la única electricidad que se pagará al coste del gas en esos doce meses será la que se genere con gas natural y no, como ocurre ahora por ser un mercado marginalista, en el que todas las tecnologías cobran el precio de la última central que casa precio, que, cuando no hay suficiente energía renovable o nuclear para cubrir la demanda, es un ciclo combinado de gas.
Beneficiarios
La ministra ha explicado que los primeros que se beneficiarán de la medida son los consumidores con tarifas indexadas al precio del mercado, mayoritariamente los que tienen la tarifa regulada o PVPC, que tienen, entre otros, los beneficiarios del bono social.
No obstante, ha dicho que la medida igualmente beneficiará a los consumidores del mercado atrevido, pues con la deducción prevista en el precio mayorista, cuando renueven su anuencia, poco que se suele hacer anualmente, la relato de precios del mercado mayorista que habrá será pequeño.
Las centrales que producen electricidad con gas serán compensadas por la diferencia que haya entre el precio que haya de margen (que oscilará desde los 40 euros/MWh los primeros seis meses del periodo y que luego irá subiendo de cinco en cinco euros hasta venir a los 70 euros/MWh en el final mes) y el coste que les supone.
"No es un triunfo, es la manifestación de un fracaso"
Pese a que finalmente se han abstenido, tanto PP como Vox han cargado duramente contra el mecanismo de demarcación de precios. "La excepción ibérica no es un triunfo, es la manifestación inequívoca de un fracaso en política energética", ha replicado el responsable de Energía del PP, Guillermo Mariscal, que considera el tope "una intervención radical del mercado".
Asimismo, ha experto de un coste en compensaciones a las instalaciones con precio topado de 6.300 millones al coste contemporáneo del gas, y a 1.500 millones adicionales por cada aumento de 10 euros. "Ese es el resultado de su brillante negociación", ha dicho.
Para Vox, el mecanismo para circunscribir el precio en estas centrales no deja de ser "un movilidad de trileros", "un timo", "un espejismo", ha dicho su portavoz de Transición Ecológica, Mireia Borrás, poniendo en duda si, al final, no acabará provocando incluso un aumento en la preparación: "Veremos en qué queda".
El coste se repercutirá sobre los consumidores que se beneficien de la medida en cada momento y quedarán exentos de remunerar el ajuste los contratos a plazo firmados antaño del 26 de abril de 2022, cuando la CE aprobó, aunque de forma preliminar, el mecanismo, ha dicho Ribera.
Esa forma de sufragar el coste de la compensación ha suscitado la discrepancia de muchos de los grupos parlamentarios y diputados que han intervenido en el debate de este jueves en el Congreso.
En el caso del PP, su diputado Guillermo Mariscal ha planteado que se sufrague con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como igualmente plantea este rama para otras cuestiones energéticas.
La ministra igualmente ha querido dejar claro que, pese a que la diferencia de precio entre el mercado eléctrico ibero y el francés pueda provocar un aumento de la demanda desde Francia y de las exportaciones a ese país, los consumidores españoles "no van a subvencionar el precio de la energía en Francia", pues allí contribuirán al suscripción del ajuste en la misma medida que los consumidores ibéricos.
Sin incautación, el diputado del PP Guillermo Mariscal ha dicho que con este ajuste se va a "subvencionar" con 1.400 millones de euros a Francia y Portugal, y sus empresas pagarán menos por la energía que las españolas.
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