La carrera política de Laura Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya desde marzo del 2021, y presidenta de Junts per Catalunya desde el pasado mes, está seriamente amenazada. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictó el lunes una interlocutoria que equivale al procesamiento legislativo de Borràs. La dirección de esta dirigente independentista durante su etapa (2013-2018) al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) pudo acontecer comportado “un perjuicio a los caudales públicos”, derivado de la atribución a un amigo de contratos por 330.000 euros. Y pudo acontecer supuesto la comisión de delitos de prevaricación continuada, fraude burócrata, falsedad documental y malversación continuada.
El artículo 25.4 del reglamento del Parlament de Catalunya –que Borràs quiso eliminar– es claro respecto a la suspensión de los derechos de los diputados en caso de que se les caleta proceso vocal por corrupción. Esto podría concretarse en breve. El magistrado instructor del TSJC que ha investigado el caso indica en la antaño mencionada interlocutoria que ha comunicado sus conclusiones al servicio fiscal para que, en el plazo de diez días, presente la petición de tolerancia del proceso vocal. Pronto saldremos de dudas.
No hay adscripción política que pueda excusar o amparar acciones irregulares
La hecho del TSJC ha sido recibida de modos diversos en el ámbito independentista. Representantes de Junts han expresado solidaridad con Borràs, que por su parte mantiene silencio. Y han descrito el caso como una nueva prueba de la represión política del Estado gachupin a raíz de los hechos del 2017 en Catalunya. A pesar de que las acciones investigadas corresponden, como ya se ha indicado, a la dirección de Borràs en la ILC. Por el contrario, en el ámbito de ERC se han audición comentarios que invitan a Borràs a actuar del modo más conveniente para preservar el prestigio del Parlament. Entre ellos, los de Carme Forcadell, que la antecedió en el cargo.
Los políticos deben observar una conducta ejemplar. No hay adscripción política que excuse o ampare acciones irregulares. Cuando un político se ve envuelto en una investigación legislativo que arroja indicios delictivos, su mejor opción suele ser dar un paso al costado. Si a la postre queda exonerado, siempre puede retornar y reivindicar su buen nombre. En caso contrario, apartarse no es opcional: es imperativo. Mientras, y en esto Forcadell lleva razón, hay que hacer todo lo posible para proteger el prestigio de las instituciones, en este caso el Parlament de Catalunya.
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