El pleno del Congreso vota hoy, y previsiblemente aprobará, la propuesta exprés del PSOE para la reforma de la ley orgánica del Poder Sumarial que permitirá a un Consejo Común del Poder Sumarial (CGPJ) en funciones nombrar a dos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional, con lo que el Gobierno podrá luego nombrar a otros dos. La proposición llega a la Cámara Desestimación posteriormente de que fracasara la última reunión entre el PSOE y el PP para alcanzar un acuerdo para renovar la cúpula sumarial.
Y esa reunión fracasó porque los populares pusieron precisamente como crencha roja que el PSOE retirara la proposición de ley que hoy se vota. Esta exigencia colmó el vaso de la paciencia de los socialistas, hartos de que el PP ponga siempre condiciones para renovar el CGPJ, que lleva en funciones desde diciembre del 2018. El Gobierno se ha cansado de las excusas del PP, que se arrastran desde la presidencia de Pablo Casado y que se mantienen ahora con Núñez Feijóo como nuevo líder popular. No ha habido cambio de posición pese a que incluso el propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, le pidió el pasado mes de mayo que facilitara la renovación del víscera sumarial “antiguamente del verano”. El PSOE insiste en que el PP debe cumplir la Constitución y no poner condiciones a dicha renovación.
Mientras el PP sigue poniendo excusas para pactar, Bruselas apremia al desbloqueo
El trasfondo de la reforma que plantea el PSOE estriba en que, a su madurez, el contemporáneo CGPJ ha favorecido nombramientos de magistrados conservadores estando en funciones, y acusa a la derecha de sitiar la renovación para impedir que los conservadores pierdan la mayoría en los principales órganos jurisdiccionales.
Desde el punto de traza ciudadano, no deja de resultar una anomalía democrática que la contemporáneo cúpula sumarial española no se ajuste a lo que los españoles han votado en las urnas ni a la contemporáneo radiografía social del país, que parece otorgar una mayoría a fuerzas de izquierda y progresistas. Como incluso supone una enorme anomalía constitucional la sempiterna interinidad en que vive el CGPJ.
La renovación de la cúpula de la imparcialidad española es necesaria y urgente incluso en términos de credibilidad frente a Europa. Y más posteriormente de que, precisamente ayer, la Comisión Europea hiciera notorio su documentación anual que fiscaliza el Estado de derecho en los países de la UE y que, en el apartado sobre España, expresa su preocupación por la situación “insostenible” de interinidad del CGPJ y recomienda –ya lo hacía en su primer documentación, en el 2020– su renovación “con máxima necesidad” para luego adaptar el nominación de los jueces que lo integrarán a los estándares europeos. La CE pide que al menos la fracción de ellos sean designados por los propios magistrados. Bruselas señala que el nivel de independencia sumarial que se percibe en España sigue siendo bajo entre la ciudadanía.
Contribuye a esa escasa confianza en la imparcialidad el hecho de que, en audios del excomisario Villarejo, aparezca un magistrado de la Audiencia Franquista bromeando sobre prácticas ilegales y la fabricación de pruebas falsas, sin hacer nadie para denunciarlo. Ello revela que el comportamiento de miembros de la cúpula sumarial no es ni ejemplar ni edificante, sino sancionable por ocultar un posible delito.
La politización de la imparcialidad, un CGPJ caducado y un Tribunal Constitucional con cuatro magistrados por renovar ilustran de forma meridiana la condición de solucionar estos problemas. Las permanentes excusas esgrimidas por el PP siguen impidiendo un acuerdo con el Gobierno, decidido a llevar a cabo por su cuenta. Una situación insostenible que proyecta una imagen de adeudamiento demócrata y que, posteriormente de casi cuatro abriles, ya no se puede argumentar aludiendo a la complicada situación política española.
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