Durante 25 abriles seis grandes empresas constructoras españolas han compartido información de forma sistemática para concursar de forma organizada en miles de licitaciones públicas de infraestructuras y edificación. Delegados de estas seis empresas se reunieron semanalmente, desde 1992 hasta el 2017, vencimiento en que se disolvió la colaboración que mantuvieron para compartir los trabajos técnicos de sus ofertas frente a los concursos de las diferentes administraciones públicas e permutar información sobre sus respectivas estrategias de presentación.
La Comisión Doméstico de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dictaminado que el hecho de que entre licitadores se hayan compartido las ofertas técnicas, se haya intercambiado información y se haya distribuido su presentación en los diferentes concursos públicos ha vulnerado los deberes de proposición única y de secreto de las ofertas, ha eliminado la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública, ha corto la variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas y ha producido enseres negativos sobre las empresas competidoras, que concurrieron a los contratos públicos en desventaja competitiva frente a las empresas de dicho comunidad. Este funcionamiento organizado alteró, por consiguiente, los términos de competencia devoto entre todos los oferentes.
La autoridad de la competencia sanciona a seis empresas por prácticas irregulares
Las citadas seis empresas han sido ahora sancionadas por la CNMC. Son Acciona, con una multa de 29,4 millones, Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones). La patronal que agrupa a estas importantes constructoras (Seopan) acusa de yerro de rigor a la CNMC. Afirma que dichas empresas no establecieron pactos para la fijación de precios ni para el reparto del mercado, así como siquiera acuerdos que fueran restrictivos para la competencia. Señala, al contrario, que eran reuniones técnicas para estudiar la reducción de costes en la preparación de licitaciones de una forma lícita, ordinario y efectivo, que se ha traducido en menores gastos y más calidad para las obras públicas.
Las empresas competidoras de las citadas, especialmente las pequeñas y medianas, que perdieron concursos y negocio en las licitaciones públicas en las que coincidieron, probablemente no estén de acuerdo con la opinión de Seopan. Lo sucedido confirma, una vez más, que el sector de la construcción, así como la contratación pública, en cualquier caso, requiere mejorar mucho su transparencia. En este sentido, la CNMC cumple con su deber al sancionar presuntas conductas reprobables. Lo que hay que plañir es que actúe con tantos abriles de retraso.
Publicar un comentario