La supermanzana del Eixample, una de las medidas sino de la alcaldesa Ada Colau, cuyas obras acaban de iniciarse, acumula denuncias. En esta ocasión –y ya van tres– es Josep Antoni Acebillo, uno de los artífices de la transformación olímpica de Barcelona y que entre otros cargos fue arquitecto dirigente del Cabildo, quien ha llevado esta diligencia a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya porque, a su pleito, vulnera la constitución de urbanística. Adicionalmente, pide que se paralicen los trabajos de modo cautelar para evitar la comisión de delitos y que las arcas públicas gasten cien millones de euros.
En el escrito, al que ha tenido acercamiento La Vanguardia , Acebillo, representado por los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas, sostiene que la diligencia para metamorfosear Consell de Cent, Rocafort, Borrell y Girona en ejes verdes y crear plazas en las confluencias de la primera calle con las otras tres y Enric Granados, supone un “cambio radical en la vialidad y en sistema de movilidad del centro, eliminando por la vía de hecho la circulación de vehículos en las calles afectadas (...), obligando a vecinos, trabajadores, comerciantes, usuarios y a los ciudadanos en común a utilizar otras calles”.
El denunciante pide paralizar las obras para que el Cabildo evite tener que avalar más de cien millones
Con este tesina, se subraya en la denuncia, “se pretende metamorfosear sustancialmente, por no afirmar eliminar, unas vías públicas esenciales de Barcelona”. Aún más, se sondeo “finiquitar, incluso demoler físicamente, la estructura diseñada en su día por Ildefons Cerdà”, de diez metros de calzada y cinco de aceras a entreambos lados, “levantando el pavimento y colocando utillaje urbano y nociones vegetales que impidan, incluso físicamente, el paso de vehículos, modificando así y haciendo irreconocible el sistema viario del núcleo central de la ciudad”.
Esta intervención, continúa el escrito, “se ha tramitado como si se tratara de simples obras ordinarias de colonia” y se ha pasado por stop que, dada su trascendencia, “obligaba a una previa o simultánea modificación del planeamiento actual, concretamente el Plan Normal Metropolitano (PGM)”. En la denuncia se recuerda, encima, que la constitución urbanística fija que cualquier cambio del citado plan debe tramitarse delante la Generalitat. Y que las calles que se pretenden corregir no formen parte de la red básica viaria, agrega, no exime de esa tramitación. El Cabildo, en cambio, se ha menguado a un proceso de información pública, que se tilda de “paripé de cara a la colección mediática”, en el que faltan documentos (informes de movilidad, de bomberos o de ambulancias).
“Los espacios afectados dejarán de cumplir su función básica de hacer posible la movilidad en la ciudad y pasarán a integrarse en el sistema de parques y jardines”, se añade en el escrito. En este sentido, se recuerda que el propio Cabildo, para operaciones similares en que se cambia la calificación urbanística de viales en el 22@, se ha modificado el PGM.
Las obras, que si cumplen el calendario previsto deberían estar listas el próximo mayo, calibrado antiguamente de las elecciones, tienen un coste, se advierte en el escrito citando estimaciones municipales, de 52 millones. Y si más delante se tuviese que restaurar el dominio modificada para devolverla a su estado flagrante, la realización superaría los cien millones.
La supermanzana es, según la denuncia de Josep Antoni Acebillo, una “diligencia prevaricante con un campechano desafío al piedra de la rectitud” que tiene “un encaje nítido en las previsiones del delito urbanístico”. La batalla se dirige contra todos los miembros de la comisión de gobierno municipal que hayan votado a distinción de la aprobación auténtico de los proyectos ejecutivos de los ejes verdes del Eixample, las autoridades que hayan cubo luz verde a los gastos relacionados con ellos y los funcionarios que hayan informado favorablemente en entreambos casos."Una diligencia prevaricante"
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