Sobre el papel hubo dispositivo. Los cinco miembros independentistas de la Mesa del Parlament firmaron el jueves por la incertidumbre un acuerdo para que el voto delegado del exconseller Lluís Puig se pueda contabilizar a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) anuló la delegación del mismo hace unas semanas.
Ese hecho supuso ir más allá de lo que se ha ido en estos últimos abriles en la institución, se desoyó al Detención Tribunal y a la vez los avisos reiterados por los servicios jurídicos de la Cámara, que advertían que podría suceder consecuencias penales para los políticos.
Esa dispositivo exhibida, no obstante, no se corresponde con el tira y afloja y el maniobra de la miedoso –dos participantes conducen un transporte en dirección opuesta a la del contrario y el primero que se desvía pierde– que han mantenido estos días ERC y Junts. Ni con la discusión subida de tono que se oía al rematar la reunión del jueves en el interior de la sala donde estaban los dos socios, que se habían cruzado acusaciones de no querer obtener hasta el final.
El martes por la mañana, los miembros del víscera rector de la Cámara recibieron la notificación de la sentencia sobre el voto del exconseller de Civilización, que respondía a un procedimiento del PSC.
Esa carpeta provocó que la reunión se prolongara hasta la tarde, cuando se decidió que se contabilizaría de forma vocal el voto de Puig –diputado de Junts– en el pleno, pero que no figuraría en los sistemas electrónicos. Siquiera estaba protegido que apareciera posteriormente en las actas y publicaciones oficiales. Sin ello, que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, verbalizara en cada votación que se tenía en cuenta la delegación del exconseller en la portavoz de JxCat, Mònica Sales, no tendría validez jurídica. Se había trazado un plan para que el voto sea efectivo a “todos los mercadería jurídicos y políticos” y que los trabajadores quedaran protegidos. Pero solo se había asumido el compromiso a medias.
Con el regalo del caso de Pau Juvillà todavía presente, la CUP y ERC denunciaron entonces que se estaba en una situación análoga, en la que se decía una cosa y en verdad sucedería otra, y que se acataría la sentencia del TC pese al simbolismo.
Con ese proscenio empezó el pleno el miércoles por la mañana y antiguamente del mediodía hubo un cambio sustancial. Se acordó que se llegaría hasta el final para que el voto de Puig fuera contabilizado. Pero había que esperar hasta el jueves por la incertidumbre, a una reunión de la Mesa al finalizar el pleno, en el que cada vez que se votaba Borràs recordaba que se tenía en cuenta al exconseller, aunque no apareciera en las imágenes que difunde la institución, ni en el panel electrónico.
Tiempo suficiente para que asaltaran las dudas a los parlamentarios, a los que se advirtió en todo momento que aunque su intención era proteger a los funcionarios se incurría en la posibilidad de cometer un delito, usurpación de funciones, que está penado con entre uno y tres abriles de prisión. Un pájaro que se suma a la posible desobediencia.
Las dudas estaban motivadas por un hecho que todos admiten, que el voto de Puig más allá de unos días o unas sesiones no se puede asegurar, y que será impugnado. Encima, puede suceder requerimientos a funcionarios y políticos que lo bloqueen más delante, poco similar a lo que sucedió en la asamblea pasada con el debate de resoluciones que contravenían al Constitucional.
El jueves en el entorno de Borràs empezaron a subrayar que irían hasta el final y que no sucedería como con el caso de Juvillà, y en ERC se tenía la sensación de que firmar el acuerdo y la posibilidad de cometer delitos era un acto aséptico. “Hubo inversión de roles”, señalan fuentes consultadas. “Al principio Borràs no quería y la empujaron a hacerlo y la llevaron al linde. Luego ERC, tras las advertencias, empezó a expresar sus dudas”, epítome estas fuentes. Pero todos firmaron.
Delante la posibilidad de que cualquiera flaqueara, la CUP elevó la presión a JxCat y a Esquerra el mediodía del jueves con una carta a su militancia en la que revelaba que la propuesta original de Junts era simbólica y que suponía acatar, como en el caso de Juvillà. Y advertían que ellos no aceptarían ese proscenio, que otros defienden que podía ser útil para hacer una denuncia política sin consecuencias jurídicas.
Al final se rubricó el pacto, pero las dudas expresadas por los republicanos durante la reunión se convirtieron en fuego cruzado y una tromba de reproches, con gritos incluidos como colofón. La CUP y Junts reivindicaron la acto; ERC guardó silencio.
“Esta situación se debe a que no hay una organización conjunta del independentismo ni una intención detrás de lo que se hace”, apuntan fuentes de Junts. En ERC, en cambio, creen que se debe al “afán de la presidenta de demostrar que va más allá que su antecesor”. “Recuerda a un remake del 2017, pero en este caso parece una película de serie B”, resumía un detención cargo del Govern.
“Pero es poco mucho más irrelevante”, añaden fuentes parlamentarias, que creen que “es difícil de resolver lo que viene posteriormente”, con bienes judiciales y lo que se derive de ellos.
La Mesa del Parlament vuelve a estar en el ojo del huracán por tercera asamblea consecutiva.
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