Junts per Catalunya ha apto este sábado su hoja de ruta política y los nuevos estatutos para los próximos abriles en la segunda período de su congreso, que se celebra entre hoy y mañana en el confuso La Farga de l'Hospitalet de Llobregat, posteriormente de que se renovara la dirección a principios de junio en una primera cita en Argelers, en la región francesa de Catalunya del Nord. A grandes rasgos, lo más relevantes que se descarta salir ya del Govern y se mantiene por ahora el pacto con el PSC en la Diputación de Barcelona.
Sobre la mesa, en este cónclave, había cuestiones relevantes, como la posibilidad de salir del Govern y romper el pacto con Esquerra Republicana. Se habían propuesto por parte de la militancia opciones como elegir ayer del 15 de septiembre sobre la continuidad de JxCat en el Ejecutor de Pere Aragonès, salir de forma abrupta mañana mismo, y otras opciones similares. Pero todas ellas han caído en el debate a lo espacioso de la marcha de hoy.
Así las cosas, Junts sigue delante con el plan previsto de presentar a finales de julio o en septiembre una auditoría sobre el punto de cumplimiento del pacto con los republicanos. Aun así, no se descarta una consulta a los afiliados en el futuro sobre seguir o no en la Generalitat, pero sí se eliminan los mecanismos que la ponían en el horizonte inmediato u obligaban a hacerla diga lo que diga la auditoría y diga lo que diga la dirección.
En la hoja de ruta política, encima, se pone data al final del diálogo con el Gobierno central, el próximo 1 de octubre, y se pide acaecer a la entusiasmo, encima de tratar de arreglar la maltrecha dispositivo del independentismo. "El diálogo resta más que suma", ha resumido el coordinador de la ponencia política y miembro de la dirección, Aleix Sarri, al detallar como quedaba el texto tras el debate
Con la aspecto puesta en las municipales del 2023, se ha trazado un guion para configurar los pactos postelectorales. Los dirigentes locales tendrán autonomía para pactar, aunque la prioridad será la pacto entre independentistas y se deja la puerta abierta a incorporar a las candidaturas a personas no afiliadas que compartan el plan del partido y el plan municipal.
En el ámbito supramunicipal, como las diputaciones y los consejos comarcales, se deja claro que es “muy prioritario” pactar con fuerzas independentistas, mientras haya dirigentes “exiliados y represaliados”, pero el acuerdo con el PSC en la Diputación se mantiene por ahora, a pesar de que la presidenta de la formación, Laura Borràs, quería romperlo. Eso sí, el diputado Jordi Fàbrega, encargado de la ponencia sobre política municipal, ha detallado que “el pacto del 2019 con lo socialistas sería muy difícil en junio del 2023”.
Lo que sí se hará ayer del próximo ciclo electoral es una valoración y un comprobación de cómo han funcionado los pactos en ese tipo de órganos. "Cualquier osadía, se tomará caso por caso, escuchando a los representantes de Junts en el distrito y haciendo un comprobación de la entusiasmo de gobierno", señala el texto apto ayer, por lo que en existencia la puerta a reimprimir el pacto con el PSC no está del todo cerrada, si perfectamente se entrevé que deberá acaecer varios filtros.
En el debate organizativo había un pulso soterrado entre las dos almas del partido que ya se pudo apreciar en Argelers en las votaciones, aunque había una sola candidatura. En esa pugna sutil Turull ha vuelto a salir reforzado, como hace un mes y medio, cuando obtuvo más votos que Borràs, y sus afines han velado por el cumplimiento del acuerdo que sellaron él y Borràs a principios de mayo para evitar un congreso amplio que confronte las distintas sensibilidades de JxCat y debilite a la formación a un año de los comicios municipales.
En las votaciones de la propuesta de estatutos había enmiendas cruzadas que trataban de debilitar a un sector y al otro, pero se han desactivado las más lesivas para la dispositivo del partido y se ha tratado de respaldar la paz interna, a pesar de que el sector pragmático e institucional contaba con una mayoría más que suficiente para ir más allá.
De todos modos, el secretario de ordenamiento propuesto por Borràs, David Torrents, que en Argelers fue tumbado por los militantes y luego fue repescado por el secretario normal, se queda sin las competencias de política municipal y la coordinación de la entusiasmo municipal. Las acumularán Turull y el secretario normal adjunto, David Saldoni, que en la susodicho ejecutiva ya las tenía bajo su tutela en tanto que secretario de ordenamiento de Jordi Sànchez y ha surgido del proceso congresual en una posición ventajosa.
La mejora propuesta por la asamblea de Junts del Berguedà que pedía eliminar las excepciones en las sanciones para los casos con condenas de corrupción que se consideran lawfare, para que Borràs no sea expulsada si es condenada por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Institució de les Lletres Catalanes, se ha retirado. Así las cosas, será la comisión de garantías, que se elige este domingo, la encargada de lanzarse si es un caso de lawfare (eliminación jurídica) o no.
En el ámbito ideológico, se aboga por suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, se abre la puerta a compendiar o eliminar el impuesto sobre el patrimonio, se pide compendiar el IRPF en el tramo más suspensión del 50% al 45% (en Catalunya) y subir el minúsculo exento de tributar, entre otras medidas fiscales. Adicionalmente, se expresa un claro compromiso con la Unión Europea y la OTAN en el ámbito de la entusiasmo extranjero.
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