Un buen día te despiertas y te encuentras una inquietante notificación del Cabildo de Barcelona. El Consistorio te requiere que dejes de arrendar a turistas y por días un inmueble de tu propiedad. Que dejes de hacerlo de inmediato. De lo contrario, atente a las consecuencias, te advierte la delegación recinto, con otras palabras. Qué demonios, exclamas tú. O poco parecido. Tiene que ser un error, te dices. Esta historia arrancó hace ya muchos meses, a principios de año. Y la verdad es que su final aún se dibuja perfectamente velado. Todo esto está resultando muy angustioso, tanto que el propietario prefiere conservar del todo su anonimato.
Porque la notificación del Cabildo en cuestión igualmente incorpora un documentación de los servicios de inspección municipales que incluye fotografías de la finca, un anuncio publicado en una conocida plataforma de inquilinato vacacional, un montón de comentarios de huéspedes encantados de haberse alojado en un loft la mar de diestro, ideal para parejas y encima a tiro de piedra de la Rambla... Qué demonios, exclamas de nuevo. O poco parecido. Si se negociación de unos bajos, de un recinto comercial... ¡si ni siquiera tiene cédula de habitabilidad! Las sanciones en estos casos alcanzan fácilmente los 60.000 euros.
Un anuncio del supuesto loft en una plataforma de inquilinato vacacional
“Hablamos de una finca alquilada como oficina y estudio de compacto a un pinchadiscos de la ciudad, poco ayer de arrancara la pandemia –explican los abogados del propietario Simone Guaglianone y Alexandra Sin, del despacho INTLAW–, en principio por una renta de mil euros al mes, pero con la pandemia el propietario le hizo una disminución del 42%... hasta que todo este asunto se desató”. Airbnb, Booking, Tripadvisor, Geties... Sí, los pinchadiscos igualmente lo pasaron muy mal durante las restricciones. La verdad es que lo dejó todo muy cuco.
Los anuncios detectados por el Cabildo en las plataformas de inquilinato vacacional aparentemente tan pronto como ofrecen pistas. Estamos en el Raval, cerca del Palau Güell, en una callejuela... Pero en una de las fotos que ilustran los anuncios se ve una ventana, y al otro flanco una farola, una farola muy singular ¡bingo! El Consistorio tiene un software llamado Araña, un software especializado en estos menesteres y completado con el trabajo de unos 70 empleados que recorren las calles de la ciudad y cotejan un montón de fotos e instantáneas de Google View. Los comentarios de los huéspedes igualmente pueden ser reveladores. Algunos se refieren a negocios muy típicos ubicados muy cerca... El Cabildo puso este recinto en su inventario negra a finales del año pasado.
El Cabildo te advierte que te sancionará con unas cuantas multas de diez mil euros cada una...
Entonces te citas con tu inquilino y le dices muy preocupado que está incumpliendo un montón de clausulas de vuestro acuerdo de inquilinato, que no puede subarrendar el recinto a turistas, que no puede convertirlo en un loft, que no... “No tienes que preocuparte –te alega tu inquilino, el pinchadiscos, más perfectamente tranquilo–. Yo soy el responsable de todo esto. Lo pondré en manos de un abogado. Me ocuparé de todo”.
Otro de los anuncios detectados por el propietario en internet
Pero a los pocos días el Cabildo te requiere de nuevo que ceses de inmediato la dichosa actividad turística no autorizada. Y igualmente te advierte de que si se incumple la orden de cese se procederá a la imposición de multas coercitivas reiteradas por importes de 10.000 euros cada una. Las relaciones con la delegación no son siempre fluidas. Y encima, poco a posteriori, el abogado del pinchadiscos te escribe diciendo que no, que su cliente no está realizando ningún subarrendamiento, que nunca lo anunció por internet, que no piensa desistir el recinto... Luego el diálogo se ahoga en un mar de correos electrónicos y burofaxes sin respuesta. Y así, a lo tonto, como quien no quiere la cosa, pasaron unos cuantos meses y llegó la primavera. A la postre acabas contratando a un despacho de abogados.
“Hace pocos días el Cabildo aceptó nuestras alegaciones y nos informó del archivo del procedimiento sancionador contra el propietario, y que recaerá sobre el inquilino –siguen los letrados del propietario–. La verdad es que la resolución nos llegó en el posterior momento, poco ayer de que terminara el plazo para presentar un posible contencioso oficinista. Hasta entonces el propietario estaba convencido de que la multa de 60.000 euros recaería sobre él. Lo pasó muy mal. Y ahora arranca la demanda para recuperar la propiedad, para resolver el acuerdo de inquilinato. Son asuntos en los que intervienen muchos factores, pero se pueden prolongar durante un año. En sinceridad en buena parte depende de la posición del inquilino, de hasta qué punto esté dispuesto a estirar la situación”. Algunos propietarios en una situación similar, del todo hartos, se autoocupan: hacen una reserva de su propiedad por internet y una vez interiormente cambian la cerradura. Pero así te pueden denunciar por coacciones y igualmente exigirte una indemnización.
Fuentes de los servicios de inspección municipales detallan que “el propietario ya recibió el archivo de su expediente sancionador. Lo que aún no se archivó es la orden de cese de actividad, que se mantiene a nombre del propietario para que la use contra su inquilino. Y el expediente sancionador a nombre del inquilino igualmente sigue su caminata”. El propietario calcula que su inquilino puede aventajar unos 4.000 euros al mes mediante el subarriendo. Hasta ahora no dio señales de querer marcharse. De hecho, cada mes paga la renta.
... y mientras tu inquilino te repone que no te preocupes por nulo, que ya se ocupará él de todo
Las fuentes municipales señalan que estas semanas detectaron unos 500 anuncios de pisos turísticos ilegales, una minucia comparada con las cifras registradas ayer de la pandemia. “No hemos dejado de controlar las plataformas en ningún momento –abundan los inspectores–. Aprovechamos los momentos de poca actividad turística para depurar las bases de datos y tener una radiografía más precisa de la ilegalidad. La mayoría de pisos turísticos ilegales detectados corresponden a una actividad muy profesionalizada, muy especializada en actuar en los límites de la legitimidad y a través de las plataformas”.
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